Evidentemente, alguien estafó a los accionistas del Banco Popular. Emilio Saracho fue uno de los principales culpables, pero no el único, a pesar de que ahora muchos de los que estaban presuntamente de su lado le están echando a los pies de los caballos intentando que la culpa de todo recaiga sobre él y su gestión. Saracho es culpable, sí, de eso no hay duda, pero por sí mismo no pudo realizar lo que hizo. Tuvo que tener muchos apoyos desde muchos ámbitos porque si no es inexplicable que en menos de 4 meses hundiera a la sexta entidad financiera de España. Ni siquiera su grave enfermedad justificaría una acción así más propia de alguien que nada tiene que perder si tras él no hubiera habido quien le hubiese prometido impunidad por sus actos.
No es normal que con lo publicado en el día de ayer en Diario16, información en la que mostrábamos cómo de haber aceptado la ampliación de capital de Deutsche Bank, los accionistas habrían revalorizado el valor de su dinero en un 140% automáticamente. Sin embargo, Saracho lo ocultó sabiendo que estaba obligado a comunicarlo tanto a su Consejo de Administración como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Exactamente lo mismo que con la oferta de Barclays o las propuestas de compra de TotalBank o WiZink, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, no lo hizo y nadie comete una ilegalidad sin tener bien cubiertas las espaldas. Por tanto, es evidente que alguien estafó a los accionistas del Popular.
Tampoco es normal que la Administración de Justicia española aún no haya llamado a declarar a ninguno de los que estuvieron en la operación, es decir, al propio Emilio Saracho, Luis María Linde, Sebastián Albella, Jaime Ponce, Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Juan Miguel Goenechea, Emma Navarro, Luis de Guindos, Joaquín Hervada, Miguel Escrig, Francisco Javier García-Carranza e, incluso, a Elke König.
No es entendible cómo muchos prestigiosos bufetes de abogados, ante las evidencias publicadas por Diario16, continúan defendiendo a los afectados en base a líneas estratégicas que salvan al Banco Santander o desvían la atención hacia los tribunales europeos.
Sin embargo, hay muchos de los hechos de Saracho que demuestran que no pudo haber actuado sólo, y menos aún sin el Banco Santander, lo que éste representa en España y en el mundo financiero internacional, además del lobby que a lo largo de la historia ha demostrado que hace con las administraciones públicas españolas y con los poderes fácticos, incluida la Justicia, tal como vimos en casos como las cesiones de crédito en que se creó la Doctrina Botín o en el hecho de que desde los años 30 tuvieran 2.000 millones en Suiza sin declarar y que, una vez publicado el hecho en la Lista Falciani, todo se arreglara con el pago de una multa sin que hubiera acusación de delito fiscal. Este lobby lo podemos aplicar también al comportamiento de algunos letrados que le acusaban ante los tribunales y retiraban sus demandas sin la menor explicación. El propio hecho de la firma «falsa» de Saracho en la carta dirigida al MUR demuestra que no pudo actuar sólo porque a nadie se le ocurre presentar un documento que iniciaba la intervención de una entidad bancaria con una firma realizada por otra persona imitando a la de Saracho.
En este medio ya hemos publicado cómo se firmó un contrato con Uría y Menéndez que terminó con las instrucciones recibidas por Hervada el día 2 de junio de 2.016, un día antes de que el FROB iniciara el Proyecto Hipócrates en que se anunció a las principales entidades financieras españolas que el Popular iba a ser intervenido. Veamos cómo actuó Saracho para llevar al banco a la mayor crisis de liquidez vista en este país en un tiempo récord, algo que no pudo hacer él solo sin colaboración o sin apoyo entre bastidores, entre otros, de todos los organismos supervisores dependientes del ministerio de Luis de Guindos.
El día 4 de abril publicó un Hecho Relevante en la CNMV de re-expresión de las cuentas que generó una caída brutal en Bolsa, especialmente cuando se filtró la salida del Consejero Delegado Pedro Larena quien, casualmente, creía en el futuro del Banco Popular después de haber estudiado la situación desde septiembre del año anterior. Esa revisión fue calificada por el auditor como no significativa. Aun así, Saracho, a través de sus contactos mediáticos, hizo un ejercicio de difusión exagerada de unos ajustes introducidos en las cuentas que ni el propio auditor alcanzaba a valorar como significativo y autorizaba, de hecho, al Popular a anunciarlo e integrarlo en las cuentas del primer trimestre. Lo hizo con la intención de sacudir el mercado, justo antes de la celebración de la Junta General del 10 de abril. Algo tan grave no pudo haberlo hecho sin saber que había alguien importante detrás que no iba a tomar medidas inmediatas.
El discurso de Saracho en la Junta de Accionistas de abril será recordada por lo desconcertante, algo que no se conoce en la historia de las entidades cotizadas y que sólo pudo tener el objetivo de dañar el precio de la acción. Un medio publicó que Saracho decía a sus directivos que «contratasen ambulancias para recoger a los accionistas a la salida».
El problema de liquidez se estaba agudizando por la gestión de Saracho, a pesar de que éste decía a sus colaboradores que el Popular tenía más capital que nunca y que nadie tendría «narices» para intervenirlo. Hay que recordar que el Informe de la JUR decía que el Banco no incurría en ninguno de los supuestos para retirarle la licencia y cumplía con todas las exigencias normativas de capital. Por tanto, la pretensión de Saracho era bajar el precio de la acción para propiciar una operación de venta barata mientras mantenía contentos a los grandes accionistas que pretendían una ampliación de capital —Del Valle, Luksic y otros— y, por consiguiente, controlar el Popular. Sin embargo, Saracho fue a más y organizó dos equipos, uno que negociaba básicamente con Santander y otro que trabajaba en una ampliación de capital (Escrig) que, a la vista de los hechos, sólo pretendía mantener entretenidos a los accionistas citados.
La liquidez se deterioraba a medida que pasaba el tiempo. Después de presentar los resultados del primer trimestre y, tras conocerse que Luksic había tomado un 3% del Banco, la acción repuntó bruscamente y hasta acercarse a 0,90€ por acción, 3.800 millones de euros. Eso no venía nada bien al plan de Saracho. El 11 de mayo, El Confidencial publicó que Saracho había puesto en venta el banco por riesgo de quiebra e identificó a Saracho como fuente. El efecto positivo de los resultados trimestrales, y de la noticia de la entrada del chileno Luksic se diluyeron, la acción cayó y la salida de depósitos se aceleró, según se puede comprobar en la información sobre liquidez, facilitada por el propio Banco.
Saracho había activado la espoleta del fin del Banco. Él creía que la amenaza de caída de un banco sistémico ayudaría a generar una situación de pánico general que le permitiese la implementación del plan de la Operación Washington, con la cooperación inestimable del despacho de cabecera del Santander y la ejecución de JP Morgan. No actuó a tiempo sobre la liquidez, porque no pudo o porque no quiso, pero parece increíble que la petición de una línea de emergencia se retrasase hasta el 5 de junio, quizá porque Saracho pensaba que le darían liquidez, en cualquier caso.
La propia PwC, en su informe a las cuentas anuales del Popular, controlado ya por Santander, dice que la crisis de liquidez se desató en el segundo trimestre del año, algo que confirman las cifras del propio banco.
Ante todo lo anterior y otras muchas cosas que ya hemos publicado en Diario16, se hace incomprensible lo dicho anteriormente respecto a la nula actuación de la Justicia. Si esto fuera una novela de Agatha Christie, un caso de Hércules Poirot, no tendría más que juntar en una mesa a todos los citados en párrafos anteriores y determinar la responsabilidad de cada uno porque, evidentemente, alguien estafó a los accionistas del Popular.
Saracho, al ocultar las ampliaciones del Popular, impidió un beneficio del 140% a los accionistas
