En Diario16 llevamos meses advirtiendo de que la intención del Santander era eliminar la personalidad jurídica de Banco Popular Español S.A. para, de este modo, evitar que cualquier decisión de la Justicia ante el aluvión de demandas que los afectados están interponiendo contra la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Decenas de fuentes muy cualificadas dentro del sector financiero y económico español y norteamericano confirman y han confirmado a Diario16 de la enorme preocupación que las publicaciones de este medio, junto con la documentación hecha pública, estaban generando en el Santander.
La estrategia pasa por hacer desaparecer no la marca del Popular sino matarlo definitivamente desde un punto de vista legal. De este modo, el Santander, en vez de hacer del banco intervenido y comprado por un euro una filial del grupo tal y como hizo con Banesto —ya hablaremos en próximos artículos de las similitudes entre ambas operaciones— Ana Patricia Botín quiere eliminar definitivamente la personalidad jurídica del Popular para que sea absorbido por Santander España.
La implicación principal de esta decisión de la presidenta es clara: que la Justicia se encuentre con un escenario de tierra quemada ante las demandas, recursos, querellas y denuncias planteadas en distintos ámbitos de la Justicia y, de este modo, hacer irreversible la operación, aunque lo dictamine un tribunal. No obstante, en el caso de que se determinara judicialmente la nulidad de la operación, el Santander, además de estar obligado a devolver el valor de las acciones, tendría que indemnizar por daños y perjuicios al haber desaparecido la personalidad jurídica del Banco Popular, según han confirmado fuentes jurídicas a Diario16. Estas mismas fuentes nos informan de otra consecuencia de esta decisión: la obligación de abrir una pieza de calificación por no haberse llevado a efecto un concurso de acreedores, algo que afectaría directamente al Estado.
En Diario16 ya hemos advertido varias veces que esto podía pasar y que era una de las estrategias del Santander. Los datos de las dos auditorías de cuentas realizadas por PwC han demostrado que el banco presidido por Ana Patricia Botín necesitaba una operación corporativa a bajo coste para tener la excusa de ampliar capital porque no cumplían con los requerimientos, además de hacerse con activos con los que compensar sus pérdidas y poder cumplir con las ratios necesarias para mantenerse en el selecto club de los bancos sistémicos globales.
Sin embargo, la Administración de Justicia no hizo caso a estas advertencias ni actuó con la celeridad con que está actuando en otros casos que se produjeron meses después del 7 de junio y el Santander ha puesto a los jueces entre la espada y la pared. ¿Qué hará entonces Andreu? Ya se le conminó desde estas páginas a que adoptara medidas cautelares ante los indicios de graves irregularidades denunciados en Diario16, empezando por los correos electrónicos cruzados en los días previos a la intervención, pasando por el comportamiento del FROB anunciando la resolución del Popular tres días antes de que se ejecutara o la ocultación por parte de Emilio Saracho de ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos y terminando con una venta por un euro fuera de plazo. Por no hablar de la presunta manipulación del mercado con la operación bajista o de la firma presuntamente falsa de Saracho en la carta que declaraba a la entidad likely to fail.
Si cuando este medio y diferentes abogados solicitaron la adopción de medidas cautelares sobre la operación, Andreu no se hubiese negado a suspender la resolución al no apreciar urgencia en ello, la situación que le genera ahora el Santander con la eliminación de la personalidad jurídica del Popular se la habrían evitado y, sobre todo, se habría descubierto que la verdadera razón de la operación no era otra que salvar al Santander de un escenario cercano a la quiebra.
La venta del Popular podría ser nula por incumplimiento de los plazos del FROB
