Según informa la agencia EFE, la Fiscalía de Almería estaría investigando un supuesto caso de corrupción en el Ayuntamiento de la capital almeriense. Todo ello a resultas de la denuncia realizada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por la presunta contratación de familiares de concejales y el alcalde almeriense por parte de la empresa Acciona (en Unión Temporal de Empresas junto a La Generala).
La primera parte de la denuncia de AMAyT explica que en 2013, el entonces concejal Ramón Fernández-Pacheco (hoy alcalde de Almería) votó a favor de la concesión del servicio de limpieza urbana y playas a la UTE Acciona-La Generala con un coste de 110 millones de euros. Una UTE que había contratado a la cuñada del alcalde un mes antes de la confección de los pliegos municipales. Por lo que debería haber advertido la circunstancia y/o haberse abstenido. Desde la Asociación entienden que la contratación de la cuñada del alcalde actual se produjo ex profeso “para obtener este concurso”. Además, y esto aumenta la gravedad del caso, se ha generado un “ambiente propicio para los intereses personales” de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos como, según denuncia AMAyT, los del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.
La denuncia que está investigando la Fiscalía, además, advierte que esta UTE se ha convertido en una suerte de «oficina de empleo» porque hubo una serie de familiares contratados (tras el despido de 70 trabajadores “limpios” que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo) entre ellos supuestamente el cuñado de Cazorla o el yerno del diputado provincial de C’s Roberto Baca.
De hecho se denuncia que siendo ya alcalde, Fernández-Pacheco, éste amplió el contrato de la UTE en dos ocasiones en menos de tres años, con una repercusión en los siete años que restan de concesión por importe de más 11 millones de euros y que a petición de Ciudadanos incrementó estas subidas con la inclusión de una partida de 800.000 euros para 2018. Lo que supone un incremento mayor al 20% del coste anual permitido por la Ley.
También incluye AMAyT en los anexos de su denuncia una serie de transcripciones de grabaciones, aportadas a la Fiscalía, que pretenden demostrar que hubo una negociación en la que participaron miembros del comité de empresa, de las secciones sindicales, técnicos municipales e incluso el concejal de Servicios, para negociar de forma previa a la concesión el pliego de condiciones. Se suma esta denuncia a la ocultación de datos de viajes de los concejales y el alcalde almeriense que fue denunciado hace unos días por el PSOE de la localidad, y que ya dimos cuenta en estas mismas páginas.
