El día 23 de octubre de 2013, la presidenta de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), Carolina Marín, su vicepresidenta Eva Liria y Luis Montoya colaborador de dicha asociación, se personaron en la sede de la Real Chancillería de Granada – TSJA– para hacer entrega en la Fiscalía Superior de más de ocho mil documentos, con su correspondiente denuncia (vea el documento), todos relacionados con el grupo empresarial creado por la familia Morales alrededor de la constructora Hispano Almería S. A. (Halsa) y sus relaciones con determinados políticos, técnicos y partidos, especialmente el PP, también con el portavoz del PSOE en Roquetas Juan Fernando Ortega Paniagua. Eran documentos que les ha facilitado un testigo que pedía protección a cambio de colaborar con la Justicia en la investigación a iniciar; se trata de un extrabajador de Halsa, Francos Osuna.
Halsa ha sido durante décadas considerada la constructora de cabecera del líder del PP almeriense Gabriel Amat, especialmente en proyectos faraónicos como la Plaza de Toros o el Teatro Auditorio, cuyo presupuesto inicial de 7 millones se duplicó –ilegalmente según el TSJA– y terminó costando un 120% de más de lo inicialmente proyectado.
Quien esto firma fue testigo presencial en Granada de aquella entrega documental esa mañana en Fiscalía hace cuatro años y medio. Por cierto, por error los representantes de Amayt entregaron un lápiz de almacenamiento digital que nada tenía que ver directamente con Halsa. Eran documentos y una grabación de unos 24 minutos donde tres empresarios hablan, precisamente, de los asuntos que han estallado recientemente con la entrada de la policía en el ayuntamiento de Almería pidiendo expedientes de parte de Fiscalía. La grabación por lo que se ha visto al cabo de los años parece que acabó en el sitio correcto.
No más de 24 horas tuvo Jesús García Calderón sobre su mesa de Fiscal Superior de Andalucía la denuncia y el pendrive entregados por AMAyT.
Al día siguiente firmaba el primer documento ordenando las Diligencias de Investigación Penal 74/2013 y poniendo en manos del fiscal Juan Ignacio Fernández Amigo el encargo de valorar los hechos “llevando a cabo las actuaciones legales que resulten pertinentes”.
Así comenzó el llamado Caso Halsa, grupo empresarial familiar de Miguel Ángel Morales Duarte,empresario hecho a sí mismo y que cuando estalla el escándalo a finales de 2013 era una de las constructoras almerienses con mayores facturaciones, vía ejecución de proyectos públicos, la mayoría provenientes de administraciones del PP. Al viejo patriarca Morales Duarte le había sucedido hace años en la gestión ejecutiva del grupo su hijo, Miguel Ángel Morales Carrillo. El Auditor del grupo es Pedro Sánchez Teruel, hermano del Secretario General del PSOE de Almería, el hombre alli de Susana Díaz .
Pocos días después de haberse presentado la denuncia en Granada, los periodistas Javier Martín Arroyo y Marta Soler de El País, empezaron a publicar una serie de reportajes de investigación que mostraron a la opinión pública un modus operandi donde política y dinero sucio se mezclan, tortuosa y viscosamente, en los bajos fondos de la política almeriense. Unos por acción, otros por omisión en el triunfo de la política del vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse.
La ciudadanía pudo ver reproducidos recibos originales de pagos de dinero a políticos, técnicos y funcionarios municipales, campañas electorales al PP, caros regalos navideños, viajes al extranjero, asistencia a campeonatos divers, obras en domicilios particulares regaladas (o sin el Iva) era solo una ínfima parte del material documentado que empezaban a analizar los fiscales en Granada, apoyados por la Unidad de Policía adscrita al Fiscal Superior con el comisario Jesús Sainz al frente. Cantidades de dinero que, ¡oh casualidad! aparecían cargadas a las cuentas contables de las obras públicas en ejecución, casi todas otorgadas por el PP de Don Gabriel. La lista de obras con sus respectivos códigos contables era uno de los documentos aportados y que ayudaron a vincular las donaciones vía caja B con las obras ejecutadas.
Aquella denuncia acabó remitida desde Granada a Almería para que se formalizase ante el Juzgado por parte de Fiscalía.
Entre otras cosas porque el delito que se le imputaba al senador aforado y alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, había prescrito.
En concreto los trabajos de cerrajería metálica de su casa, gratis total, una cantidad no muy alta desde luego, pero que el modesto cerrajero proveedor de los Morales nunca cobró. Pero esta era solo una de las piezas, la más “política” del engranaje maloliente sobre el que giraba Halsa.
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Un juzgado de Almería reclamó los documentos que ya estaban en Fiscalía donde quedaron bajo custodia.
En paralelo dos procedimientos más acabarían coincidiendo en la misma causa. Por un lado, una denuncia de los dueños de Halsa por un supuesto robo de documentos por parte de dos extrabajadores, Francisco Osuna, en unas dependencias donde hasta las limpiadoras tenían el código de acceso. Denuncia judicial que se activa cuando se sabe que los papeles van camino de Fiscalía y ya están en manos de dos periodistas.
El mismo día que el testigo que había hallado la documentación en la basura se dirigía a Granada a entregarla en Fiscalía y realizar una declaración, era llamado desde un juzgado de Almería en tono amenazante para que acudiese a declarar “como imputado” ante el juez Luis Durbán (hoy en la Audiencia) y con la documentación en su poder para devolverla. Documentación que la Fiscalía de Granada solicitó que quedase custodiada en sus dependencias, “mucho más seguras que las de cualquier juzgado” y así fue.
Los denunciantes, la familia Morales, no pudieron probar ante la Justicia que habían sido objeto de robo alguno, entre otras cosas no supieron explicar inicialmente con exactitud qué documentos habían sido los supuestamente “robados”. El juez acabó resolviendo «que no existen indicios de la comisión de un delito de hurto, por la carencia de valor económico de los documentos supuestamente sustraídos y por ausencia de ánimo de lucro».El asunto quedó archivado y, por tanto, la documentación no pudo ser invalidada como se pretendía desde Halsa.
Un segundo sumario se abre a raíz de publicarse, dentro del manejo truculento en el que estaba sumida Halsa, una extraña operación urdida entre las cuatro paredes de una notaría de Almería sin que lo firmado sea elevado a escritura pública.
El alcalde de La Mojonera y diputado autonómico del PP, José Cara González, se descubre que es dueño de un paquete de acciones importante de Gesponiente, venta accionarial que le hace – dice que tras pagar 72.000 euros– el dueño de Halsa Morales Carrillo. Y en ese mismo acto también compra su parte por el mismo valor un concejal del PP de Roquetas, Nicolás Manzano, persona muy próxima a Gabriel Amat. Es uno de los asuntos que también queda apuntado inicialmente ante la Fiscalía. Pero el problema grave no es el patrimonio mercantil del acalde que no hace constar en ninguna de sus obligatorias declaraciones de bienes, el problema es que el ayuntamiento que preside Pepe Cara está haciendo negocios, muchos negocios, con Gesponiente y con los dueños de Halsa en materia de obras y urbanismo, vía permutas extrañas y con tasaciones más que discutibles que siempre parecen beneficiar a todos menos al ayuntamiento de La Mojonera, acabaría afirmando la UDEF.
Ante este cúmulo de hechos y circunstancias, los concejales de la oposición del PSOE en La Mojonera, decidieron personarse en el juzgado y denunciar al alcalde y sus manejos. Lo hicieron pese a la resistencia y lentitud del partido a nivel provincial a meterle mano al entramado Halsa. Que el hermano del Secretario General del PSOE de Almería fuese el Auditor de Halsa, añadió intranquilidad en las filas locales que finalmente se personaron, asesorados jurídicamente por Rodrigo Sánchez Haro, hoy Consejero de Agricultura en el gobierno de Susana Díaz.
En toda esta causa, declarada de especial complejidad, impulsada desde la sociedad civil vía AMAyT, las trabas impuestas para ejercer la acusación popular a quien denunció han sido numerosas y continuas. La fundamental exigir presentación de querella y fianza, algo que parcialmente tuvo que desmontar la Sala de la Audiencia dejando solo la fianza que la juez determinó en 1.000 euros. De hecho, IU a través de su portavoz Juan Pablo Yakubiuk, optaron por acciones en la calle para denunciar todo lo que se destapaba con el caso Halsa y sus connotaciones con políticos bajo sospecha de ser unos perfectos corruptos y sinvergüenzas.
Así, al cabo de cuatro años largos de una instrucción oculta a quienes denunciaron, en esta semana les han empezado a llegar todos los tomos de los que ya consta la causa del Caso Halsa.
Tras una primera lectura general a los tomos 1-2 y 3, (el cuarto aún no se ha facilitado porque, dicen, se les estropeó la máquina) la primera impresión es que los hechos denunciados en 2013 se abren paso como la más que probable verdad judicial. Se observa también que la Udyco es especialmente delicada, aplicando la doctrina del emepuntorajoy con aquellos recibos concretos que se suponen iban a manos del PP para campañas, recordando reiteradamente en sus primeros informes que para determinar esa circunstancia legalmente como hecho probado habría que realizar investigaciones más profundas. Algo obvio y elemental, querido Watson.
También queda en evidencia el escaso pudor de los actores principales de este caso. Especialmente el alcalde y diputado Pepe Cara quien, no solo era socio mercantil de los Morales, además se paseaba por Londres con el dueño de Halsa, invitado al campeonato del mundo de automovilismo. Imágenes que aparecen en el sumario.
En definitiva, la impresión que proyecta este sumario – a falta de conocer lo último actuado en el cuarto tomo que está por entregarse a la Acusación popular – es el de una sociedad civil, política y económica, muy parecida a la que conocimos cuando escuchamos en 2009 las grabaciones judiciales de la Operación Poniente en El Ejido. Respetables personajes en público que, sentados en sus despachos y colgados al telefono, solo pensaban en cómo trincar de la caja de los impuestos de los almerienses.
