La gran empresa española tiene miedo, mucho miedo a que Pedro Sánchez gane la moción de censura y sustituya a M. Rajoy. Por esta razón han sido los que están alentando la doctrina del miedo a la que se ha sumado sin contemplaciones el Partido Popular. La dureza de la sentencia de la Gürtel hace inviable que este gobierno continúe y el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer para, en primer lugar, devolver la dignidad a España porque no es sostenible mantener en la Moncloa a un partido condenado por haberse lucrado de la corrupción; en segundo lugar, porque ha llegado el momento en que se devuelva a los ciudadanos lo que, con la excusa de la crisis económica, se les ha arrebatado.
Es absolutamente falso que la moción de censura sea la causa de la caída de la Bolsa o del incremento de la prima de riesgo. Más bien se trata de un deseo de encumbrar a una persona en concreto, ni siquiera a Ciudadanos, como si el partido no existiera. Esto es una forma descarada, atrevida y violenta exponer a la ciudadanía que Rivera es su candidato. «Lo que le gustaría al mundo empresarial de la Bolsa es que entre 9 y 12 meses Albert Rivera (no C’s) firmara un armisticio con el PP». Hablar de armisticio y de un líder de un partido político trae malos recuerdos que todo el mundo sabe cuáles son. Son expresiones belicistas. Es un deseo más propio de los movimientos hitlerianos en los años 30 del siglo XX, porque el líder alemán se vio apoyado por las castas empresariales de la época.
Sin embargo, algunos dictadores privados del IBEX35 se ha unido a culpar a la moción de censura a los movimientos negativos de los mercados y por eso han propuesto, según ha publicado VozPópuli, un gobierno PP-C’s (sus partidos políticos) durante 12 meses. Hay que mantener en el poder a quien les está generando ganancias nunca vistas en este país. Tan bien les ha ido en estos años de gobierno de M. Rajoy (crisis incluida) que las grandes fortunas acumulan ya una cifra cercana al 60% de la riqueza nacional, cuando en 2.008 apenas superaba el 40%, es decir, un incremento en una década del 50%. A la clase empresarial también le ha ido muy bien con las políticas de M. Rajoy, apoyado estratégicamente, para bien o para mal, por esas castas que hoy aúpan a Albert Rivera. En este sentido hay que recordar lo que afirmaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman: «Todas las medidas emprendidas en nombre del «rescate de la economía» se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres». Eso es lo que ocurre en España. Los beneficios empresariales suben diez veces más que los salarios por lo que es normal que pretendan cambiar algo para que nada todo siga igual.
España necesita un cambio que algunos dictadores privados del IBEX35 no puede permitir porque sus beneficios se resentirían, es decir, que cubrir las necesidades reales del pueblo va en contra de los intereses de las élites que defienden, entre otros, Albert Rivera.
Lo que verdaderamente pretenden las castas de este país es que nada cambie, es decir, que se sigan manteniendo unos niveles de precariedad laboral que ha provocado que la propia Comisión Europea haya llamado la atención a España; que nuestro país, según el Banco de España, se sitúe como uno de los líderes en desigualdad en renta per cápita de la Eurozona; que haya más de 3,4 millones de parados; que los salarios reales estén cayendo a un ritmo del 3% mientras los beneficios del capital se incrementan; que las grandes empresas y las grandes fortunas sean las que acumulan más del 70% de la economía sumergida.
Eso es lo que pretenden el IBEX35 y los líderes a los que patrocinan. Mantener un sistema multicorrupto según lo definía William Inge: «La corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos, y otra los paga. De esta manera, el principio constitucional: ningún impuesto sin la representación oportuna queda totalmente reducido a la nada».
El verdadero miedo no está en el que quieren implantar estas élites, sino en el que las castas políticas y empresariales tienen de que haya un presidente que gobierne para el pueblo, que derogue las leyes lesivas contra los ciudadanos impuestas por el PP durante la «dictadura parlamentaria» de la X Legislatura, que legisle para que la justicia fiscal se reparta en función de los niveles de riqueza, que defienda el Estado del Bienestar, que tenga el valor de regenerar o de reiniciar nuestra democracia para hacerla más habitable para la ciudadanía.
