El cambio en el Ministerio de Economía, la cercanía de las comparecencias en el Congreso de los Diputados de Emilio Saracho y Rodrigo Echenique, los movimientos de la Justicia europea, la cada vez más cercana posibilidad de que el juez Fernando Andreu imponga medidas cautelares a la operación —entre las que se podría contar la imposición al Santander de una fianza superior a los 10.000 millones de euros— están provocando que la entidad presidida por Ana Patricia Botín esté sacando toda la artillería mediática de la que dispone para crear confusión entre los afectados. Por otro lado, el banco cántabro está presentando informes en los reguladores por los cuales quiere hacer ver, basándose en filtraciones sobre el informe de Deloitte —tal vez ellos ya hayan tenido acceso— que la rentabilidad que hicieron pública a bombo y platillo el día 7 de junio con un hecho relevante publicado apenas 23 minutos después de anunciar la compra por un euro del Popular (un documento en Power Point de 43 slides que es imposible de realizar en tan poco tiempo con todos los datos que en él se exponen) con el fin de rentabilizar aún más la operación con dinero público, tal y como informamos en Diario16 hace unos días.
Sin embargo, en el acta del Consejo de Administración no se afirma en ningún momento que el banco no tuviera solvencia. El Banco Popular era solvente cuando fue intervenido. Sus cuentas ofrecían una imagen fiel de la realidad de la entidad, tal y como quedó demostrado con los test de estrés del BCE de 2.016 que fueron superados sin problema incluso sin contar con los 2.500 millones de la ampliación de capital. La solvencia de un banco es un hecho contable, no da pie a la opinión o la interpretación. A través del examen de miles de documentos a los que ha accedido Diario16, se llega a la conclusión de que el Popular era solvente cuando fue intervenido.
No es Diario16 quien afirma esto sino los propios reguladores. El informe de Deloitte realizado para la Junta Única de Resolución (JUR) revela un valor del patrimonio del Banco Popular de más de 11.000 millones de euros. Sin embargo, dicho informe era de liquidación y no de valoración y, por tanto, partía de una base errónea de que la entidad estaba en liquidación. Por tanto, aunque el Popular tenía solvencia acreditada y que en la actualidad continúa activo y produciendo beneficios para el Santander, se hizo una valoración negativa. Dicho informe es contundente a la hora de calificar las causas de la caída del Popular: una crisis de liquidez generada durante el segundo trimestre del año 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, nada que ver con la ampliación de capital.
En el informe de la JUR se indicaba también que el día 7 de junio no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2.019. Es importante que el informe también recalca que no era necesaria ninguna acción de reforzamiento de capital en el caso de que el Popular redujera su apalancamiento a partir de 2.019, algo que estaba previsto en el Plan de Negocio que frenó el Ministerio de Economía de Luis de Guindos a través de la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro y que Emilio Saracho se negó a llevar a efecto.
Sin embargo, el Santander pretende hacer ver que en la reunión del Consejo del Popular del 6 de junio Emilio Saracho reconoció que también había un problema de solvencia o que se incumplirían las ratios mínimas a finales del mes de junio. La realidad es que en el cajón o en el disco duro de Saracho había dos ofertas de ampliación de capital —Barclays y Deutsche Bank— que garantizaban una cantidad mínima de 4.000 millones de euros que podría llegar a los 8.000, tal y como adelantó en exclusiva Diario16. Sin embargo, Saracho también tenía ofertas para vender activos no estratégicos —WiZink y TotalBank— que habrían incrementado no sólo la solvencia sino también la liquidez. Todo ello sin contar que no se accedió a la totalidad de la línea de liquidez de urgencia por valor de 9.500 millones porque no se presentaron todos los colaterales disponibles, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España, algo que se corroboró con la publicación en este medio del listado de garantías presentadas. Por tanto, la realidad fue que Saracho no contó toda la verdad en ese Consejo de Administración, sino que expuso los puntos que el documento enviado por Uría y Menéndez en relación a la inviabilidad y su declaración.
Saracho tenía mucha prisa y abandonó vociferando el Consejo, yéndose, incluso, del propio Edificio Beatriz, hecho que provocó que cuando hubo que firmar la carta de declaración del estado FOLTF no se encontrara disponible y, según fuentes muy cercanas al Banco Popular, esa carta la tuvo que signar otra persona. Sin embargo, antes de esa reunión Saracho no estaba nervioso, más bien al contrario, ya que, según distintos testigos consultados por Diario16, fue visto fumando y hablando tranquilamente por su BlackBerry en la calle Velázquez minutos antes de que se iniciara el Consejo. Él sabía lo que tenía que decir porque disponía de las instrucciones remitidas por Uría y Menéndez el día 2 de junio.
Diario16 dispone del acta de ese Consejo de Administración desde el pasado mes de octubre y fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional junto a otros documentos, documentación que fue aceptada por el juez Fernando Andreu a instancias del Fiscal Anticorrupción. Esa acta ha sido denegada a letrados por parte del Santander. Hasta ahora, no la habíamos publicado íntegra, pero ha llegado el momento de que así sea para que todos los afectados puedan disponer de la misma:
