El Gobierno de Mariano de Rajoy, el mismo del que era ministro de Economía Luis de Guindos, se puso en contra de los afectados del Banco Popular el 14 de noviembre de 2.017, un hecho que podría ser clave para demostrar la connivencia y la complicidad de las diferentes instituciones españoles con el Santander. Diario16, a través de distintas fuentes cercanas a la Justicia Europea, ha tenido acceso a un documento del Ministerio de Exteriores inscrito en el Registro del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que el Reino de España solicita «ser admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». En concreto afirma lo siguiente:
«El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución».
Según ha podido saber Diario16 a través de distintas fuentes muy cercanas al anterior Gobierno, todo lo relacionado con el Caso Banco Popular pasó a manos del despacho de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, hecho que confirmó el propio Mariano Rajoy a una persona cuyo papel es muy importante en todo lo referente al Popular y al Santander al decirle que iba a coger las riendas del asunto porque estaba en manos de Vicepresidencia. Estos hechos concuerdan con la estrecha relación que une a Sáenz de Santamaría con Ana Patricia Botín y, por tanto, con el Santander, algo que se ha podido comprobar en la entrada en altos cargos del banco cántabro de personas que han trabajado directa o indirectamente con la actual candidata a ocupar la Presidencia del PP.
Según ha revelado La Tribuna de España, María González Pico, ex jefa de gabinete de Vicepresidencia del Gobierno ha sido fichada por el Santander para su departamento de comunicación; por otro lado, Elena Sánchez, ex número 2 del CNI y, por tanto, dependiente directamente de Soraya Sáenz de Santamaría, fue fichada como Jefa de Seguridad del Grupo Santander. No podemos olvidarnos de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Vicepresidencia y amigo personal del matrimonio de la ahora candidata a la Presidencia del PP, quien es el actual secretario del Consejo del Santander y que tuvo un papel fundamental en el salvamento del Grupo Prisa.
La solicitud para que el Reino de España fuese uno de los defensores de la JUR en contra de los afectados del Popular fue admitida por el TGUE el pasado día 5 de julio, por lo que el Estado español, desde el Jefe del Estado hasta el Gobierno, están enfrentándose en los tribunales contra los afectados del Banco Popular. Este es un asunto que heredará el Ejecutivo de Pedro Sánchez de su antecesor, sobre todo Nadia Calviño, como ministra de Economía, y Josep Borrell, en su calidad de ministro de Exteriores puesto que el abogado de Estado que realizó esta solicitud de ponerse en contra de las 305.000 familias arruinadas del Caso Banco Popular está adscrito al Ministerio de Exteriores. Ante una situación tan grave en la que el Estado se enfrenta a los intereses de sus propios ciudadanos y ciudadanas, Pedro Sánchez no tiene otra opción que dictar una orden por la que se retire esta personación que debería avergonzar a todos los españoles y españolas de bien. y en el Caso Banco Popular hay más de un millón de ciudadanos Sólo las dictaduras se enfrentan a los intereses de su pueblo y ciudadanas a las que se les quitó todo para rescatar al Santander. El hecho de que el Estado se persone en contra de los afectados es una prueba más, además de la que ya hemos publicado en Diario16, de la presunta connivencia y complicidad de las instituciones económicas y políticas con el banco presidido por Ana Patricia Botín para hacerse con el Banco Popular y, de este modo, rescatar a una entidad privada con el sufrimiento de 305.000 familias. Un Gobierno progresista y de izquierdas no puede permitir esto y, por lo tanto, debe actuar de inmediato porque si no lo hace será tan cómplice como lo fue el anterior.
Este documento hace referencia a los procedimientos en los que los afectados solicitan la nulidad total o parcial de la decisión de la JUR de intervenir el Banco Popular y realizar una valoración «justa, real y equitativa del Banco Popular Español» que conlleve la devolución del dinero que les fue arrebatado en la madrugada del 7 de junio pero en base a sea nueva valoración que se ajustaría, en concreto, al valor real del Banco Popular, no sólo del valor bursátil. Evidentemente, si el TGUE dispusiera a favor de los afectados, el Santander tendría que hacer frente a un pago de más de 17.000 millones de euros a las 305.000 familias arruinadas. ¿Está el Santander en condiciones de hacer frente a ese pago? Sus propias cuentas y los movimientos contables que han tenido que hacer para tapar agujeros como, por ejemplo, el del cambio de divisas que superaba los 8.000 millones de euros, demuestran que podría ser el golpe definitivo para el Santander. Tal vez esta sea la razón por la que, según el documento al que ha tenido acceso Diario16, el Estado afirma que «si el Reino de España es admitido a intervenir en este procedimiento, solicitará del Tribunal General que desestime el recurso de anulación» de la intervención del Banco Popular.
Sin embargo, ¿por qué el Reino de España se pone en contra de los afectados, de sus propios ciudadanos? En el Caso Banco Popular ponerse en contra de las familias arruinadas es colocarse al lado del Santander y, por tanto, un Estado democrático tendría la obligación de personarse en favor de los intereses de su ciudadanía y no de las dictaduras privadas.
