Las casi cuatro horas de comparecencia de Emilio Saracho fueron un relato que en algunos momentos rozó lo histriónico y la falta de respeto a las 305.000 familias arruinadas por la intervención y posterior venta del Banco Popular, además de reírse de los representantes del pueblo español. Su forma de hablar, su modo de gesticular, la manera de exponer sus argumentos, manipulando y mostrando ser lo más parecido a un «un trilero con corbata» que a un ex presidente de banco, provocaron que hubiera mentes débiles que se creyeran su historia. Al igual que ocurría en el teatro del Siglo de Oro, Saracho fue acompañado de un grupo de mosqueteros encargado de jalear sus intervenciones, sus insultos y sus desprecios.
Saracho cayó en muchas contradicciones —por no decir mentiras— como, por ejemplo, cuando afirmó que contrató al bufete Uría y Menéndez una vez que llegó a la presidencia, algo que las facturas emitidas por el despacho de referencia del Santander desmienten. Tal vez el señor Saracho pensó que se encontraba en la Audiencia Nacional y que disponía del derecho a mentir para defenderse por estar imputado. Sin embargo, se encontraba en una Comisión de Investigación en el que está obligado a decir la verdad, independientemente de si la Justicia le tiene imputado por diferentes presuntos delitos.
En la emisión de las facturas al Banco Popular, Uría y Menéndez actuó correctamente ya que incluyó en las mismas las fechas en las que se les contrató:
Como se puede comprobar en el documento, la factura de Uría y Menéndez al Banco Popular fue emitida el día 18 de mayo y el periodo facturado corresponde a una provisión de fondos inicial por valor de 478.000 euros para un trabajo que se inició el día 17 de febrero de 2.017. Sin embargo, Emilio Saracho afirmó en su comparecencia que él contrató al despacho cuando accedió a la presidencia del Popular, es decir, el 20 de febrero. En una factura se estipulan los periodos a facturar en base a las fechas incluidas en los contratos firmados entre empresas o personas físicas con el emisor del documento. Uría y Menéndez lo deja claro: tres días antes de que Saracho fuera nombrado presidente del Banco Popular. Por tanto, si el bufete de abogados incluyó el 17 de febrero como periodo a facturar quiere decir que el contrato se oficializó en esa fecha y no en la que dice Saracho, por lo que, queda claro que mintió, además de que no podía contratar nada ni a nadie en nombre del banco porque no tenía poderes para ello.
En la minuta de Uría y Menéndez 2017/N/003941, a la que ha tenido acceso Diario16, se especifica claramente los servicios contratados por Saracho en nombre del Popular cuando aún no tenía poderes para hacerlo: cuarta línea de defensa, asesoramiento en materia de remuneración y Proyecto Noya (el mismo proyecto que había que desactivar tras la resolución, tal y como se indica en el documento publicado por este medio en referencia al plan de acción para el día de la resolución, el «Día R»):
Decía un proverbio chino que es mejor la peor tinta que la mejor memoria. En este caso, los documentos desmienten claramente lo afirmado por Emilio Saracho en la Comisión de Investigación, un lugar donde no le asistía el derecho a mentir para defenderse que le hubiese asistido en un tribunal.
