Rodrigo Echenique, vicepresidente del Santander y presidente de Banco Popular fue cuestionado por los diputados de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera en referencia la implicación de Uría y Menéndez en la operación.
Respecto a las fechas en que fue contratado por Emilio Saracho, días antes de ser nombrado presidente y, por tanto, sin poderes para firmar acuerdos con nadie en nombre del Popular, Echenique pasó por encima al afirmar que «no participamos en las decisiones de otras entidades a la hora de contratar a los abogados». Sin embargo, una vez que el Popular fue adquirido por un euro por el Santander, se autorizó el pago de las facturas emitidas por el bufete por un valor superior a un millón de euros. ¿Por qué no fue más concreto en este tema? Sobre todo en lo referido al pago, puesto que fue autorizado apenas unos días después de que el Santander se hiciera con el control de la entidad y cuando la factura fue emitida el día 18 de mayo. Él debía estar informado de ello. El formato de la comisión de investigación permite a los comparecientes a pasar por encima de los asuntos y no dar una respuesta al pueblo español y, en este caso, a más de un millón y medio de personas afectadas.
Echenique fue contundente en la defensa de Uría al afirmar que el despacho «no participó en el proceso de resolución». Sin embargo, sí que preparó a Saracho todos los pasos a seguir para declarar la inviabilidad a pesar de que no se habían incumplido las ratios de solvencia y de que aún no se habían producido las salidas masivas de depósitos del 5 y 6 de junio por parte de instituciones oficiales, ya que los dos documentos de Uría en los que se le daban instrucciones muy concretas a Saracho en referencia a la declaración FOLTF (fail or likely to fail) que se enmarcaban dentro de los servicios contratados el día 17 de febrero, además de la preparación del plan para el día siguiente a la resolución, el «día R», entre los que se hallaba, incluso, un plan de comunicación interno y externo.
Por otro lado, Echenique no mencionó la presencia de abogados de Uría y Menéndez en la noche de la resolución en una notaría del centro de Madrid donde el despacho de cabecera del Santander impuso sus criterios para desplazar la responsabilidad de la resolución a la JUR y al FROB, algo que beneficiaba claramente a la entidad presidida del señor Echenique. El documento contractual de la venta del Popular al Santander por un euro provocó que el proceso se retrasara aún más. Hubo que levantar hasta tres actas porque quienes estaban en el proceso desconocían el modelo de registro una operación de este tipo al ser el primero que se realizaba a través de la aplicación del Mecanismo Único de Resolución.
El Santander presionó para que se hiciera del modo más conveniente para la entidad cántabra y finalmente se impuso un documento preparado por el bufete del Santander: Uría y Menéndez.
La primera acta era un contrato de compraventa al uso, algo que el Santander no podía permitir porque había que blindar la operación. Por eso impusieron el documento preparado por Uría y en el que se recogía de forma específica que la venta era consecuencia de un proceso de resolución para, de este modo, evitar responsabilidades judiciales posteriores y que esas responsabilidades fueran para la JUR y el FROB.
Ese documento sólo se firmó una vez que el Popular había sido intervenido, es decir, cuando la JUR y el FROB ya habían ejecutado la reducción a cero del valor de las acciones y los bonos. Esta fue la forma por la que se justificó el euro que se pagó en metálico.
¿De todo esto no era consciente el señor Echenique? Es duro decirlo, pero es difícil de creer.
