Tras vencer en noviembre de 2017 el último contrato de servicios de la Dirección General de la Policía (DGP) con dos empresas, Ofilingua y Seprotec, para la interpretación y traducción en lenguas distintas al castellano en el ámbito de las actuaciones policiales, y publicarse una nueva licitación, el nuevo contrato ha quedado desierto por no cumplir los requisitos ninguna de las empresas licitadoras (las dos mismas que en años anteriores) al “no acreditar suficientemente la adscripción de medios personales” establecidos en el pliego de cláusulas correspondiente.
El servicio de traducción e interpretación en la DGP (Ministerio del Interior) se encuentra parcialmente externalizado desde 2008, cuando se licitó por primera vez el servicio a pesar de contar el Ministerio del Interior con una plantilla de profesionales, empleadas y empleados públicos, que se han visto relegados en sus tareas por la contratación de empresas privadas. En opinión de CCOO, una línea política de gestión del empleo público que se ha venido practicando en los últimos años, teniendo como consecuencia un claro detrimento de la calidad del servicio, “cuando no sonados escándalos cercanos a pactadas corruptelas para la obtención de grandes réditos económicos”.
La representación de CCOO en el Ministerio del Interior lleva años denunciando esta situación, en la que “desde el primer momento quedaba claro el afán de estas empresas por lucrarse a través de un servicio público, incluso a costa de poner en riesgo cuestiones de seguridad nacional. Ya avisamos de las consecuencias cuando uno de los primeros intérpretes de la empresa contratada (Seprotec en ese momento) quedó detenido en las dependencias policiales a las que se le envió como intérprete de portugués. A partir de ahí, los disparates se han sucedido a lo largo de los años, tanto en lo económico, dada la cuantía que reciben las empresas por estos contratos bianuales (12.140.00 euros en la última adjudicación), como por la deficiencia del servicio que ofrecen y las precarias condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, falta de cotizaciones a la Seguridad Social, etc”. Esta denuncia de la organización sindical ha llevado hasta la presentación de dos proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, la última de ellas de Unidos-Podemos en marzo de 2017.
Ahora, tras quedar desierto el contrato, ¿qué ocurre con los servicios que se dejan de prestar en dependencias policiales, lo que puede suponer, entre otras cosas, dejar a medias investigaciones de los temas más variados? ¿Y con los trabajadores y trabajadoras contratados, en ocasiones como falsos autónomos por estas empresas, y a los que no se aclara su situación ni su futuro? CCOO se ha puesto en contacto con algunos de ellos y manifiestan que se les sigue mandando a trabajar a las dependencias policiales habituales a pesar de que llevan un mes sin cobrar.
Para el sindicato esta situación es más que preocupante. “Nunca debía haberse producido si los gestores de la DGP, y del Ministerio del Interior, no hubieran puesto en manos privadas un servicio de tanta trascendencia como el de traducción e interpretación, con tareas que van desde velar por los derechos de personas migrantes y/o refugiadas que no conocen el idioma español, como de investigaciones policiales relacionadas con terrorismo internacional y la seguridad, trata de personas, etc., y hubiera, por el contrario, mantenido e incrementado la plantilla fija de traductores-intérpretes de la casa”.
