El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia ha señalado que Adela Martínez-Cachá “no se puede lavar las manos. Exigimos exámenes no eliminatorios, más transparencia, más tiempo para corregir, menos opositores por tribunal y criterios de calificación claros”.
Óscar Urralburu ha afirmado que “nadie entiende” como Martínez-Cachá está al frente de la educación pública regional puesto que no pasaría “ni la más mínima criba. Sus palabras no sólo han sido desafortunadas, sino que desvelan un profundo desconocimiento e ineptitud. Esto no es problema de faltas de ortografía, eso es algo puntual”.
Lavarse las manos de los despropósitos evidentes en estas oposiciones está fuera de lugar. Más transparencia, más tiempo para corregir y criterios de calificación claros. Nadie entiende como @AdelaMCacha está al frente de la Educación Pública. No pasaría ni la más mínima criba. pic.twitter.com/pC6BpgbY9F
— Óscar Urralburu (@oscarburu) July 24, 2018
De ahí que el portavoz parlamentario haya incidido en que la tasa de suspensos ha sido alta en toda España y esto tiene que ver con “el acceso al sistema habilitado por la LOMCE. No sirve porque no tiene objetivos claros ni transparentes. El sistema no debe ser eliminatorio, debe valorar todas las competencias y las capacidades de manera integral, fases compensadas y que los tribunales tengan tiempo y recursos suficientes para un proceso en el que la gente sufre tanto”. No es normal, ha dicho Urralburu, que en matemáticas y literatura haya sólo un 8 o 9 % de aprobados.
Podemos Región de Murcia ha presentado una iniciativa para exigir al gobierno regional del PP que pida al gobierno de España que abra un proceso de negociación para la creación de un modelo extraordinario de acceso a la función pública docente. Que se establezca una simplificación de la fase de Oposición, para que las pruebas del proceso no sean eliminatorias. Que se articulen los mecanismos necesarios para que cualquier opositor/a que lo desee pueda tener acceso a su examen en el plazo de un mes a contar desde la fecha de realización del mismo. Y, por último, que establezca mejoras en las condiciones materiales del examen como pueden ser el conocimiento y publicidad de los criterios de evaluación que cada tribunal contemple como prioritarios (y no solo los contenidos), para garantizar la mayor objetividad posible.
