La pelota política y ética del Caso Banco Popular está ahora en el tejado del Gobierno, es decir, de Pedro Sánchez como responsable último de las actuaciones del Ejecutivo y de Nadia Calviño como ministra de Economía que tiene bajo su responsabilidad el control de organismos como el Banco de España, el FROB o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En las últimas semanas, tanto Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo español, como Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, han dictaminado o recomendado la solución justa y ética para el más de un millón y medio de afectados del Banco Popular, cada cual en su ámbito de actuación.
Diario16 ya publicó en el mes de enero cómo Fernández Marugán instaba al Banco de Santander a llegar a un acuerdo extrajudicial con los afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no se quedó ahí sino que ha continuado insistiendo en dicha recomendación apelando a distintos organismos. En un documento al que ha tenido acceso Diario16, fechado el 17 de julio, Marugán reconoce que se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para transmitirle dicha recomendación del acuerdo extrajudicial entre el Santander y los afectados. La respuesta a dicha comunicación del Defensor del Pueblo consistía en cargar la responsabilidad de la ruina de más de 305.000 familias a la decisión adoptada por la JUR pero deja entrever, por un lado, una posible solución pero para que se decida en los tribunales:
Es decir, que la propia Secretaría de Estado reconoce que los afectados tienen derecho a «obtener el pago de la diferencia con cargo al Fondo Único de Resolución» si lo perdido, es decir todo, fuera superior a las pérdidas incurridas en un procedimiento concursal.
Sin embargo, en ese documento, la Secretaría de Estado de Economía define como problemática la recomendación del Defensor del Pueblo de llegar a un acuerdo extrajudicial entre el Santander y los afectados porque:
Por tanto, desde una institución del Gobierno se insiste en que el Santander no tiene por qué llegar a un acuerdo con los afectados.
En otro orden de cosas, la Defensora del Pueblo Europeo, en referencia a la solicitud de miles de afectados de acceder a la documentación de la JUR, ha publicado diferentes informes en los que la propia entidad presidida por Elke König insiste en su opacidad porque los antiguos accionistas y titulares de bonos de una entidad no son considerados como sujetos de las decisiones de la Junta en el sentido del Artículo 90.4 del Reglamento de la JUR. En sentido estricto podrían tener razón, aunque como organismo administrativo que realiza un procedimiento tiene la obligación de responder de sus propios procedimientos. Por tanto, la JUR pretende delimitar su responsabilidad al acto en sí y no a los efectos de dicho acto ante los distintos organismos europeos que la tienen acorralada Ante estas decisiones la Defensora del Pueblo continúa poniéndose de lado de los afectados en sus reclamaciones de transparencia.
Además del judicial, el oficial es otro de los frentes donde el más de un millón y medio de seres humanos afectados por la «presunta» estafa del Banco Popular están dirimiendo su futuro porque se sienten huérfanos. Nadie, salvo Diario16, les hace caso y se encuentran con la muralla que provoca que quien se ha beneficiado de su patrimonio sea el Banco Santander y la complicidad de unos y otros con la operación.
Por esta razón, la actitud del Defensor del Pueblo es loable porque, seguramente, estará recibiendo fuertes presiones —cuando no algún dosier— para que ceje en su reclamación de una solución para los afectados del Banco Popular.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, tienen la obligación moral, ideológica, ética y humana de hacerse eco de inmediato de la recomendación de Francisco Fernández Marugán quien, en su escrito deja bien claro cuál es el camino a seguir:
Con el cambio en la Secretaría de Estado, el gobierno socialista tiene la oportunidad de hacer justicia ante la injusticia que supuso para un millón y medio de españoles el «hurto» de su patrimonio, ante la insistencia digna y ética del Defensor del Pueblo, y dar una respuesta diferente a la de sus antecesores que, por cierto, esperemos que no sea la misma que se esté instalando en la Justicia. Tanto Nadia Calviño como Pedro Sánchez deben demostrar que están de parte del pueblo y no de las élites que gobiernan, o pretenden gobernar el mundo. El socialismo es eso. El nuevo Ministerio de Economía debe separarse de inmediato de la política ejercida por Luis de Guindos que, por cierto, fue fundamental para que la operación del Banco Popular pudiera llegar al término al que llegó. Es el momento de demostrar con hechos las buenas intenciones y, por ahora, las ejecutorias no son muy halagüeñas puesto que no se ha retirado la defensa de la JUR ante los afectados por parte de la Abogacía del Estado. Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, dijo que «sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes». Ahora es el momento.
