En medio de la presión que se estaba ejerciendo por parte de Antonio del Valle y Reyes Calderón a Ángel Ron para que presentara su dimisión, la consejera realizó movimientos y contrataciones en nombre del Banco Popular a espaldas del Consejo y sin su previa autorización, tal y como reconoció ella misma. Era la época en la que desde distintos medios de comunicación se estaba realizando una campaña feroz contra Ron, en la que se estaban filtrando acuerdos del Consejo, algo que desestabilizaba la confianza en la entidad.
A pesar de los requerimientos de Ángel Ron sobre la necesidad de discreción y consenso de los consejeros, Reyes Calderón hizo caso omiso de los mismos y continuó con sus planes. La situación generada, junto con el conocimiento por parte de Ron de que la consejera se había entrevistado con algún colega en ejercicio para ofrecerle el cargo y también con otros potenciales candidatos, determinó que el 11 de noviembre se celebrara una inusual y atípica reunión con los consejeros a los que Calderón había ocultado el proceso, así como con el secretario y el presidente. Tras el requerimiento de explicaciones, reconoció haber procedido a contratar letrados para que la asesoraran en sus gestiones a favor del interés de Antonio del Valle. Tal contratación se hizo en nombre del banco, sin autorización del consejo, ni del presidente, ni del consejero delegado, ni de ningún otro responsable, pero con cargo a la entidad. El reconocimiento se hizo ante varios consejeros que recriminaron duramente su actuación y la advirtieron del carácter ilícito de la misma, así como de su disposición a entablar acciones legales contra ella. Entre ellos estaba Ana Molins, consejera y miembro de la Comisión de Nombramientos, desconocedora absolutamente de todos los hechos que comentó Calderón. Inmediatamente después de la finalización de esta reunión, Ángel Ron recibe una llamada de Antonio del Valle preguntándole que «qué le habían hecho a Reyes Calderón, que estaba muy afectada».
El mismo día y ante los mismos testigos, la consejera reconoció que había visitado a José Ignacio Goirigolzarri y a Manuel Pizarro para ofrecerles el puesto de presidente del Banco Popular, así como que había contratado a un headhunter, a quien comunicó el interés del banco en que se le buscase una persona para relevar al presidente desconociendo en ese momento tanto Ron como el secretario y el resto del Consejo la identidad de esta empresa. Esta contratación, que se dijo verbal por Calderón, se hizo en nombre del banco sin ningún tipo de autorización y a cargo de la entidad. Diario16 ha tenido acceso a la factura emitida por la empresa SpencerStuart por dicho encargo.
La realidad de esta búsqueda queda palmariamente demostrada ya que el 14 de noviembre Ángel Ron recibió una llamada de Emilio Saracho que, enviado por Reyes Calderón y Antonio del Valle, según dijo, fue a verse con el presidente al que vendría a sustituir.
El documento fue emitido el día 28 de febrero de 2.017, una vez que Saracho ya había sido nombrado presidente por la Junta de Accionistas. Hay que recordar que el trabajo se encargó en el mes de noviembre de 2.016, es decir, 3 meses antes.
La factura va dirigida directamente a Reyes Calderón, lo que demuestra que fue ella quien realizó el encargo sin ningún tipo de autorización por parte del Consejo de Administración, algo que, tal y como hemos indicado anteriormente, es absolutamente ilegal, como lo fue la contratación de Uría y Menéndez por parte de Saracho días antes de tener poderes para hacerlo. El documento tiene como referencia «Misión nº 980-004» y el concepto de «Importe por nuestros servicios de consultoría de acuerdo con nuestra propuesta de fecha 8.11.16». Por tanto, la propia factura demuestra que las afirmaciones de Reyes Calderón sobre la «contratación verbal» del headhunter eran falsas, ya que existió propuesta que se remitió adjunta a la factura.
El total facturado fue de 605.000 euros y abonada en una cuenta del Bank of America tras la autorización el día 7 de abril a las 8.33 de la mañana.
Por tanto, se esperó a que Ángel Ron dejara su cargo para emitir la factura, teniendo en cuenta que el proceso de selección había terminado en el mes de diciembre con el relevo en la presidencia. ¿Por qué se esperaron 3 meses para facturar hasta que, precisamente, el nombramiento de Saracho fue aprobado por la Junta de Accionistas? ¿Había miedo a que, en el periodo de transición, el presidente dimisionario no aprobara esa factura? El propio Saracho reconoció en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que mantuvo una reunión con Reyes Calderón a través de un headhunter que le contactó y que, tres meses después, emitió una factura por valor de 605.000 euros que fue aprobada en el mes de abril, cuando él ya era presidente.
