Serias deficiencias en el control de material explosivo y errores en la coordinación entre cuerpos policiales propiciaron los brutales atentados de Barcelona y Cambrils del pasado año. Así lo cree al menos un informe del Real Instituto Elcano, un prestigioso organismo formado por expertos analistas en política internacional e información estratégica. Según el estudio, firmado por Fernando Reinares y Carola García-Calvo, “la labor de los servicios de seguridad en la lucha contra el terrorismo yihadista se encuentra obstaculizada, entre otros factores, por una implementación insuficiente de la legislación en vigor sobre control de precursores de explosivos en el conjunto de España y por deficiencias en la coordinación entre agencias de seguridad”. Así de rotundos se muestran los expertos del Instituto Elcano cuando analizan las circunstancias que rodearon la formación de la célula de Alcanar que llevó a cabo el atentado con 16 muertos y más de 130 heridos.
Las tensiones políticas entre Madrid y Barcelona a cuenta del procés perjudicaron la investigación
Según los expertos del Instituto Elcano, los miembros de la célula de Ripoll “no encontraron obstáculos” para adquirir los 500 litros de acetona con los que producir el TATP –explosivo conocido como “madre de Satán”–, en diferentes localidades de Cataluña y Vinaròs, ya en la provincia de Castellón. Los controles antiexplosivos fallaron en los días previos a los atentados de Barcelona, a pesar de que desde 2013 existe una regulación de la UE “sobre la venta de precursores potenciales de explosivos, que es de aplicación directa en sus Estados miembros, pero cuya implementación en España resultaba inadecuada cuando los miembros de la célula de Ripoll se hicieron con las sustancias que necesitaban para producir TATP”.
Pero si fallaron los controles antiexplosivos, también fracasaron los responsables de la coordinación entre cuerpos policiales a la hora de detectar la célula de Ripoll y desbaratar los atentados. Ello plantea, según los expertos, “interrogantes sobre las capacidades antiterroristas en Cataluña”. En la lucha contra el terrorismo existen tres cuerpos policiales que, dentro del territorio catalán, poseen plenas competencias: los Mossos, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. En el contexto de la actual movilización yihadista relacionada con el conflicto en Siria e Irak, entre enero de 2013 y julio de 2017 (el mes previo a los atentados en Barcelona y Cambrils) se desarrollaron en Cataluña 33 operaciones policiales contra el terrorismo yihadista. La Policía llevó a cabo 15 de estas operaciones y detuvo a 29 sospechosos (45% del total). La Guardia Civil desarrolló 11 y detuvo a 19 (29%). Los Mossos desplegaron 7 y detuvieron a 17 individuos (26%). Sin embargo, y pese a estos esfuerzos por evitar atentados, la coordinación y el intercambio de información entre los distintos servicios antiterroristas “anteriormente mencionados es ampliamente considerada, entre los propios profesionales con desempeño en los mismos, limitada cuando no pobre”, según el citado informe. Esto es así a pesar de la existencia del Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), organismo que tiene oficialmente encomendada la coordinación antiterrorista en el conjunto de España. De hecho el juez de la Audiencia Nacional que instruye el sumario derivado de los atentados en Barcelona y Cambrils convocó al CITCO para que coordinara todas las investigaciones policiales sobre el caso, “a las cuales deben tener acceso” los diversos servicios de seguridad con competencias en la lucha contra el terrorismo dentro del territorio de Cataluña. “Rivalidades tradicionales y competición interorganizativa explican parte del problema”, añaden los expertos, que también atribuyen la falta de coordinación a las recientes tensiones políticas entre Barcelona y Madrid. “Consideramos, aunque nuestra opinión sea compartida por la mayoría pero no por todos los profesionales policiales entrevistados, que las tensiones secesionistas en una Cataluña sumamente dividida y polarizada donde el ejecutivo autonómico controlado por partidos independentistas ha adoptado posturas desafiantes hacia el Gobierno Central han complicado la cooperación antiterrorista entre los Mossos y las agencias policiales de ámbito estatal”. Estas carencias son especialmente preocupantes si se tiene en cuenta que desde junio del año 2015 el nivel de alerta terrorista en España se ha mantenido ininterrumpidamente en nivel 4 de un máximo de 5, lo que significa “riesgo alto de atentados terroristas”.
