El noroeste de la Península Ibérica es un polvorín al rojo vivo que puede desencadenar un incendio forestal de proporciones colosales en cualquier momento. Así lo advierte la organización ecologista WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), que en los últimos días ha alertado a los gobiernos español y portugués para que sumen fuerzas y trabajen coordinadamente en la prevención de incendios forestales. WWF considera que en las actuales condiciones climáticas Portugal, Galicia, Asturias, León, Zamora y Cantabria forman un “área al rojo vivo” que puede registrar un siniestro de grandes proporciones en cualquier momento. La última ola de calor en toda España ha agravado la situación, elevando el riesgo de alerta máxima en prácticamente todo el país, con temperaturas que superan los 40 grados.
En este escenario de peligro extremo WWF advierte de que la situación es muy preocupante. “Casi todos los años el noroeste ibérico arde. Pero de ahí a que ocurran episodios tan extremos y peligrosos como los que asolaron especialmente Portugal y Galicia el pasado año, hay una gran diferencia”, asegura el informe de los conservacionistas. A mediados de junio de 2017 un inmenso incendio dejó 64 muertos en Portugal, a los que se sumaron otros 43 en octubre. En Galicia, una oleada de incendios se saldó con 4 fallecidos y en Asturias y León miles de hectáreas ardieron en múltiples incendios simultáneos que desbordaron a los dispositivos de extinción y amenazaron numerosas poblaciones.
La ola de calor multiplica el peligro de que se desate un gran siniestro en la zona
Para WWF conocer qué pasó y por qué es fundamental para evitar que vuelva a suceder. “La sociedad empieza a entender que en el actual contexto de cambio climático difícilmente vamos a evitar los incendios en el futuro. Pero resulta urgente adoptar medidas para que los incendios no generen estas situaciones de auténtica emergencia social”, insisten los ecologistas.
El coste de apagar los incendios en España y Portugal supera con creces los mil millones de euros cada año. Hoy en día la mayor parte de los fondos destinados a los bosques en los presupuestos autonómicos y nacionales se destinan a extinción. La Unión Europea financia medidas de apoyo a la extinción, así como la restauración y repoblación forestal tras los incendios. Sin embargo, en los presupuestos públicos apenas hay cabida para una prevención real y eficaz que vacune contra los incendios.
En España el gasto anual en extinción alcanza los 1.000 millones de euros frente a apenas 300 millones que se invierten en prevención. En Portugal la extinción tiene un coste aproximado de unos 75 millones de euros, frente a 20 millones destinados a evitar estos desastres en verano. Además del desorbitado desequilibrio, las medidas que se financian como prevención priorizan la construcción o acondicionamiento de caminos y pistas forestales, líneas de cortafuegos, puntos de agua o bases para medios aéreos. “¿De verdad los responsables políticos creen que con estas medidas van a prevenirse los macroincendios? Estas medidas, bien planificadas y dimensionadas, son importantes, pero por sí solas no van a resolver los problemas del monte”, aseguran los ecologistas.
España es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea y dispone de uno de los mejores sistemas de extinción a nivel mundial. Pero las estadísticas reflejan cómo, a pesar de ello, la tendencia es que cada año hay más incendios, más grandes y más peligrosos.
Para WWF conocer las causas y las motivaciones resulta fundamental. “Las administraciones regionales deben incrementar los esfuerzos en investigación de las causas y motivaciones de los incendios para adaptar las soluciones de una forma más efectiva a los conflictos sociales reales y lograr que aquellos incendios de causas evitables no se inicien”, explican los ecologistas.
En primer lugar, la solución pasa por condenar y sancionar más severamente a los pirómanos, según WWF. Las administraciones regionales y los gobiernos de ambos países tienen que mejorar la eficiencia en la identificación de causantes, así como en la aplicación efectiva y ejemplar de sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios y terminar con la actual impunidad.
En segundo término está la prevención social. “Las administraciones autonómicas deben poner en marcha programas de intervención social adaptados a los conflictos del territorio, como el exitoso Plan 42 de Castilla y León, paralizado durante más de 5 años y reactivado recientemente, aunque en apenas cinco municipios del Bierzo”. Estos programas deben estar basados en ofrecer alternativas al uso indiscriminado del fuego como herramienta agroganadera.
Y finalmente se debe apostar por una transición energética hacia un modelo más eficiente y renovable: los gobiernos de ambos países, España y Portugal, deberían acelerar la reconversión hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas, con políticas de fomento de las renovables y del ahorro energético mucho más ambiciosas.
“Tenemos que conocer hacia dónde vamos. Los gobiernos de ambos países, en colaboración con las administraciones regionales, deben desarrollar escenarios climáticos específicos para las distintas regiones y diseñar medidas de adaptación para ellas. Además pedimos la adecuada conservación de los bosques para incrementar la absorción de emisiones y contribuir de manera adicional a la mitigación del cambio climático”, insiste WWF.
