Izquierda Unida, a través de su diputado Miguel Ángel Bustamante, ha llevado al Congreso el grave problema del despido ilegal de decenas de miles de profesionales de la educación durante el verano para ahorrarse sus sueldos de julio y agosto. IU exige explicaciones al Gobierno para saber si piensa ejecutar “medidas concretas y efectivas” que impidan esta práctica por parte de las comunidades autónomas ya rechazada por la justicia, pese a lo cual a finales de junio pasado se batió el récord de la última década con más de 54.000 profesionales enviados al paro.
En concreto, la iniciativa parlamentaria de Bustamante interroga al Gobierno sobre si “piensa hacer algo más para que se cumpla la ley a nivel estatal, en este caso la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio que declara ilegal el cese de interinos durante julio y agosto que luego vuelven a ser contratados en septiembre, ahorrándose así el sueldo y las cotizaciones sociales en este periodo?”
El parlamentario de IU denuncia que estas graves actuaciones son una nueva “muestra de los inadmisibles niveles de interinidad instalados en este colectivo”. Distintas organizaciones de representación de trabajadores y trabajadoras han realizado exhaustivos trabajos y análisis sobre esta cuestión. El último de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cuantifica que las bajas producidas en la Seguridad Social de estos profesionales en 2018 son las más elevadas en los últimos 10 años: -54.231 (2018); -51.487 (2017); 51.186 (2016); 45.630 (2015); 39.032 (2014); 33.770 (2013); 38.084 (2012); 35.667 (2011); 34.296 (2010) y 32.463 (2009).
Miguel Ángel Bustamante recuerda que estas decenas de miles de despidos de profesionales, en su inmensa mayoría profesorado interino, “contraviene el reciente fallo del Tribunal Supremo de junio que declaró ilegales estas interrupciones veraniegas de las contrataciones”.
Apunta también en la pregunta parlamentaria que el Ejecutivo debe responder ahora por escrito que “de nada parece haber servido tampoco que la Seguridad Social, tras la mencionada sentencia del Supremo, emitiera una instrucción que hizo llegar a las comunidades autónomas para tratar de impedir, con indudable falta de efecto práctico, que se produjeran estos despidos”.
De ahí que Bustamante plantee también al Gobierno socialista “¿qué actuaciones realmente efectivas piensa poner en marcha frente a las comunidades autónomas que decidieron incumplir la reciente instrucción de la Seguridad Social que trataba de impedir los despidos, a la que no se ha hecho ni caso?”
