El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el ex presidente Carles Puigdemont y los miembros de su gobierno, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solicita que lo defienda frente a la demanda cursada en Bélgica contra él por los políticos catalanes ‘huidos’.
En el escrito dirigido por Llarena al CGPJ, el juez explica que, según las noticias periodísticas, en la demanda interpuesta contra él el pasado junio «se cuestionaría la imparcialidad de mi instrucción, pretendiendo que sea un tribunal belga el que examine la corrección de mi labor«.
«Según parece«, añade, «de ello pretendería derivarse una condena para que se declare la lesión del derecho al honor de los demandantes, con las consecuencias económicas derivadas de esa declaración: un euro por cada uno de los demandantes, más las costas del proceso«.
Llarena considera que la conclusión del juez decano de Madrid al negarse a notificar la acción civil de Puigdemont «condensa y evidencia el carácter groseramente fraudulento de la demanda, que no tendría más fin que sustraer de su sede natural la revisión de los actos de la Justicia española (que es la jurisdicción de la propia Justicia española) y hacerlo defraudando los instrumentos de los que el ordenamiento jurídico español se dota para asegurar la independencia de mi función: el aforamiento ante el Tribunal Supremo y la prohibición contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que puedan dirigirse demandas directas contra jueces y magistrados por actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su función«.
Se trata, señala, de «una garantía común en nuestro entorno de Derecho comparado para asegurar la independencia de los jueces por la vía de asegurar su integridad patrimonial, que puede verse gravemente condicionada por ataques dirigidos por quienes tienen la capacidad económica para forzar a los jueces a invertir y poner en riesgo su patrimonioteniendo que sufragar los costes de su defensa para desempeñar una función que no se lleva a cabo en interés propio o personal, sino en defensa de los intereses generales«.
Por todo ello, y también por el «riesgo» que esa demanda supone «para la integridad de la jurisdicción española», la reclamación de los procesados en Bélgica «supondría un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrollo mi labor«, estima Llarena.
El juez termina pidiendo al órgano de gobierno del Poder Judicial que tome las medidas que considere necesarias «para restaurar la independencia judicial dañada y la integridad de la jurisdicción”.
De esta forma, el Juez Llarena estaría pidiendo al Consejo General del Poder Judicial, a través de la solicitud de amparo, algo más de la protección que de por sí ya dispensa el aforamiento que le protege solo frente a las denuncias y querellas criminales y no contra las demandas civiles.
Lo que el magistrado está pidiendo en realidad a través de la solicitud de amparo es que se le declare inviolable frente a cualquier demanda civil que se le plantee por cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones, frente a las cuales no le protege suficientemente el instituto del aforamiento que se refiere solo a las responsabilidades penales y no a las civiles.
El problema con el que entonces se va a encontrar este jueves próximo la Comisión Permanente del CGPJ es doble: de un lado se va a enfrentar con la dificultad de calificar inquietante o perturbadora la actuación procesal de un tribunal –el juez belga que ha emplazado a Pablo Llarena– integrado en el espacio jurídico europeo; y de otro lado, que el instituto de la inviolabilidad está reservado exclusivamente por la Constitución Española a la figura del Rey (artículo 56), a las Cortes Generales (artículo 66), y a los Diputados y Senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (artículo 71), pero no a los jueces y magistrados aunque pertenezcan al Tribunal Supremo e instruyan la causa del procés.
