El juez central de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del caso del Banco Popular, donde se ventilan las responsabilidades de los gestores por el hundimiento de la entidad, y que puede salpicar al Santander por el desplome del precio de venta, acaba de presentar su instancia para ser elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial, avalado por 25 compañeros, dejando pública constancia de sus aspiraciones gubernativo-políticas.
Los vocales, es sabido, son los “ministros” del Poder Ejecutivo de la Justicia, son los llamados a decidir quiénes ocuparán puestos de magistrados en el Supremo, quiénes presidirán sus salas de justicia, quiénes serán presidentes de Tribunales Superiores o Audiencias, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (el oficial o teórico tribunal anticorrupción del Estado). En fin, tienen delicadas competencias que pueden influir en el curso de la vida política y hasta de la historia.
Un detalle relevante es que los vocales son elegidos en realidad por los partidos políticos más relevantes. Por tanto el que no tiene padrino no se bautiza.
¿Quién es el padrino de Andreu? ¿El PSOE? ¿El PP?
Ambas estructuras políticas rinden obediencia al banco sospechoso de haber hundido el precio del Popular para comérselo gratis. El Tribunal de Cuentas sacó a la luz que el PSOE de Rodríguez Zapatero se había beneficiado de perdones de préstamos por el Santander del orden de 12 millones de euros. ¿A cambio de qué? ¿El indulto a Sáenz por el presidente Zapatero era parte de la “devolución”?
Las relaciones de Andreu con el Santander y la familia Botín tienen ya historia.
En 2012 el juez archivó manu militari y en condiciones inaceptables la causa por delito tributario de las cuentas ocultas en Suiza de 12 miembros de la familia Botín. Los peritos de Hacienda informaron que la familia no había explicado el origen y montante de las cuantías ocultas, por lo que no era regularizable a efectos penales para decretar el archivo. Pero el juez “lo puso de su bolsillo” como suele decirse, es decir, como acto de voluntad. Algún día recibirá una citación en tiempo venidero el juez para ser examinado por un tribunal de responsabilidades judiciales y rendir cuentas de este tema porque su obra ha llegado en tiempo de la era de responsabilidades y tendrá que asumir lo que los jueces de ese tribunal digan sin ningún tipo de favoritismo.
Teniendo en cuenta que los Botín –a través del poderío del Santander– lo controlan todo, incluso, en gran parte, la prensa (como puso de relieve un reportaje del New York Times) la influencia para lograr este inesperado archivo pudo venir de distintos sitios.
El propio Santander descuelga un teléfono y Andreu aparece en la lista de candidatos del PSOE al Gobierno de los jueces.
No hace mucho Andreu y su amigo Baltasar Garzón, hoy abogado, estaban en primera fila de la glamurosa presentación de un libro pro Santander acerca de la compra del Banco Popular por un euro. El autor, del que Andreu dice ser amigo suyo, es un abogado al que no se le conocen grandes casos, pero que ha trabajado como asesor del Santander. El juez se presenta en la fiesta del enemigo de los denunciantes olvidando el deber de recato sobre la imparcialidad. Pero, ¿a quién le importa?
La reunión de grandes personajes debió de surtir efecto. El libro le debió de convencer de su tesis pro Santander. Al poco el mismo Andreu rechaza ampliar la investigación a los directivos del Banco Santander, pese a su evidente implicación en la operación de hundimiento del precio de las acciones del Popular.
Si el honrado juez Andreu aparece elegido por el Parlamento vocal del Consejo General del Poder Judicial podemos exclamar “miraculum habemus”. El banco beneficiado de la compra habrá intercedido para que se reconozcan los méritos de un hombre que se merece esa vocalía judicial y más (ese mismo banco también intercedió meses antes para que no aceptase la Secretaría de Estado de Justicia).
Pero los perjudicados del Popular pensarán que ellos han pagado el precio de ese nombramiento.
Catón el Viejo terminaba sus intervenciones en el Senado romano: “Carthago delenda est” o “Carthago debe de ser destruida”.
