La Sanidad Universal que ha introducido el gobierno del PSOE hace unas fechas mediante Decreto Ley, parece que deja ciertas lagunas. Así, Eva García Sempere ha denunciado que la reforma del nuevo Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, no sirve para resolver la exclusión sanitaria que sufren desde hace años las personas sin permiso de residencia: “Ni siquiera se vuelve a la situación anterior a 2012, cuando tenían tarjeta sanitaria, igual que el resto”. Entre otros servicios, afirman desde la formación de izquierdas, el hecho de tener tarjeta sanitaria garantiza un acceso igualitario a las prestaciones farmacéuticas, las consultas con los especialistas, etc. IU considera “insuficiente” la reforma llevada a cabo, que se queda “muy por debajo de lo que tan sólo hace dos años pedía este mismo partido”.
Queda preocupada la diputada malagueña por “los problemas que la nueva legislación no corrige y los que incluso podría agravar”. Tras analizar el decreto junto a la Red de Activistas de Salud también constatan que el texto tendrá consecuencias directas sobre las personas mayores de 65 años reagrupadas. Se pretende seguir exigiendo tener un seguro médico privado a las personas mayores que han obtenido el permiso de residencia por reagrupación familiar”, ha criticado García Sempere. Según la parlamentaria, “significa una contradicción normativa y ética que se pueda obtener el permiso de residencia para los padres y madres cuando su estado de salud requiere cuidados y, después, el Estado no se haga cargo de la asistencia sanitaria necesaria”. Esta norma afecta también a los extracomunitarios que son reagrupados por una persona española. E igual ocurre con las reagrupaciones realizadas por no comunitarios residentes en nuestro país, a quienes también se les exige un seguro médico privado para poder reagrupar a las personas ascendientes a cargo.
El nuevo real decreto tampoco garantiza claramente el derecho con cargo a fondos públicos de las mujeres embarazadas y de menores con residencia inferior a 90 días, puesto que no deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España. En opinión de IU, existe una contradicción entre la disposición previa y la nueva redacción del punto dos del artículo tercero de la Ley16/2003. No sólo es un problema de esos perfiles concretos que se encuentra afectados por el decreto sino que “debemos construir un marco en el que las Comunidades Autónomas que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las Comunidades Autónomas que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión, algo que tampoco se garantiza actualmente”, ha reivindicado García Sempere.
Por ello, Izquierda Unida insta al Gobierno a clarificar estos puntos cuanto antes, presentando un borrador de la reglamentación pendiente según el punto 1 del artículo 3bis de la Ley 16/2003 antes de la votación de este RDL en el Congreso o, en su defecto, a modificar el RD 240/2007 y el RD 577/2011, así como a derogar la disposición segunda del RD 1192/2012. Y no sólo es la formación de izquierdas, sino también diversos colectivos (desde colectivos médicos y sanitarios hasta las plataformas de defensa de la Sanidad Pública) han pedido reiteradamente, por razones de justicia y humanidad, la modificación de estas leyes o su desarrollo con el fin de paliar los efectos negativos que produce, sobre todo entre los colectivos sociales más desfavorecidos y afectados por la crisis.
Al margen de las críticas, Izquierda Unida valora el cambio de concepto que significa que sea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que reconozca a partir de ahora el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía, así como que desaparezca la figura de persona beneficiaria pasando a ser toda la ciudadanía titular de su propio derecho.
