Falsos autónomos, pulverización de los derechos laborales más elementales, salarios tercermundistas, abusos, amenazas, despidos improcedentes… El sector de las aseguradoras, precisamente aquel que debería velar por una vida más segura y tranquila de los ciudadanos, es una jungla salvaje donde solo sobrevive el más fuerte. Según estimaciones de la Inspección de Trabajo, este colectivo se ha convertido en uno de los más afectados por el fraude laboral, ya que está promocionando la precariedad al contratar a miles de falsos autónomos, trabajadores que tienen derecho a un contrato laboral retribuido por cuenta ajena pero que se les clasifica como pequeños empresarios, de forma que se ven obligados a costear de su propio bolsillo la retención del IRPF, las cuotas mensuales de la Seguridad Social y otros impuestos que deberían correr a cargo del empresario contratante, según la legislación laboral vigente.
Esta situación de desbarajuste y ausencia de control ha sido detectada ya por los inspectores de Trabajo, que manejan información suficiente para trasladarla al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista con Diario16, Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), ha solicitado la colaboración de todos los trabajadores del sector para destapar una situación de precariedad laboral que puede afectar a miles de agentes de seguros en toda España. Yébenes sospecha que solo se destapa una mínima parte del fraude laboral porque “existe miedo” a denunciar y a perder el empleo o simplemente porque muchos trabajadores “desconocen” las funciones reales de la Inspección de Trabajo.
“Los necesitamos, necesitamos que los trabajadores presenten denuncias ante la Inspección, datos concretos para que nosotros podamos actuar”, asegura el portavoz de UPIT, que además entona el “mea culpa” en nombre del organismo que representa por no haber estado más presente en los medios de comunicación en los últimos años y por no haber llevado a cabo más campañas de publicidad institucional para darse a conocer e informar a la sociedad sobre los derechos laborales y los cauces legales para defenderlos. “Tampoco estaría mal que los responsables de la lucha contra el fraude acudieran más a los medios de comunicación para informar a la gente de hasta dónde puede llegar”, añade. La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo cree que la legislación debería distinguir con mayor precisión y claridad lo que es «el trabajador autónomo propiamente dicho de aquellos que son empresarios porque tienen trabajadores por cuenta ajena».
Yébenes recuerda que todo aquel empleado de una gran compañía aseguradora, y de cualquier otro sector laboral, dispone de la posibilidad de presentar una denuncia anónima bien por escrito en ventanilla o a través de internet. Inspectores de Trabajo Progresistas reconoce que nos encontramos en «un momento delicado» en el que, según dijo Yébenes, «se está produciendo una huida del derecho del trabajo al derecho del empleo», pues «trabajadores que deberían ser contratados por los empresarios se han convertido en autónomos», con la consiguiente «merma de sus condiciones laborales» y efectos negativos sobre los ingresos de la Seguridad Social.
“Los autónomos se sienten la parte más débil de la cadena. Únicamente tienen obligaciones y no derechos, y debería darse un paso al frente para darles la misma cobertura preventiva que a los de cuenta ajena», afirma. Asimismo, considera “muy acertado” y “lógico” la posibilidad de que los autónomos coticen en base a sus ingresos reales, siempre y cuando “se salvaguarde la base mínima de cotización. Sería una puerta al fraude”, alega.
Precisamente para paliar las deficiencias en materia de comunicación entre el Gobierno y los trabajadores se ha creado la UPIT, cuyo portavoz asegura que en ocasiones las denuncias llegan por “la heroicidad” de algún trabajador que pierde el miedo a la empresa que comete los abusos. “Cada vez hay más trabajadores que denuncian, por eso les decimos que se animen, que vayan al buzón, que nos den los datos para que podamos actuar”, insiste Yébenes.
La petición del portavoz de UPIT coincide con la información publicada hace unos días por Diario16, que denunció la situación de precariedad laboral que viven los trabajadores de algunas compañías del sector como Mapfre. Así, un centenar de exdelegados de la multinacional que cotiza en el Íbex 35, todos ellos autónomos, han decidido constituir una asociación, Liberados de Mapfre, por el trato supuestamente abusivo que recibieron mientras vendían seguros para la compañía. Los denunciantes aseguran que desde que la empresa se transformó de mutualidad en sociedad anónima los gestores han impuesto un agresivo sistema de organización del trabajo que machaca a todo aquel empleado que no consigue alcanzar los objetivos marcados por la empresa a final de mes. “He visto de todo en esa empresa, gente que lo está pasando muy mal, compañeros que toman ansiolíticos, infartos y trabajadores que simplemente se hacen mayores y ya no pueden seguir el mismo ritmo de ventas de cuando eran jóvenes”, asegura Emilio Besada, que fue exdelegado de la oficina de Jerez de la Frontera durante 25 años.
Miguel Gil, de 55 años, es otro “liberado” de Mapfre que se ha sumado a la asociación. Tras seis años pleiteando con la empresa por fin ha logrado que el juez señale día y hora para su juicio por reclamación de cantidad. “De la noche a la mañana intentaron quitarme la oficina, lo pasé muy mal”, relata.
“Los delegados despedidos estamos estudiando una demanda colectiva por apropiación de los derechos de nuestras carteras de clientes. Lo de las preferentes es una colilla al lado de lo nuestro. Pero es que además cuando te marchas y tratas de rehacer tu vida te tiran a matar; no te dejan levantar cabeza”, se lamenta Ángel Díaz, otro exdelegado que trabajó para Mapfre desde los años 80 y que también fue despedido.
En las últimas semanas el Gobierno ha anunciado que va a llevar a cabo inspecciones de trabajo a 50.000 empresas para aumentar la calidad del empleo. Las compañías han empezado a recibir ya las primeras cartas en las que se anuncian las inspecciones que se están empezando a realizar desde los primeros días del mes de septiembre. El objetivo del Ministerio de Trabajo es detectar posibles fraudes como el de los falsos autónomos, las contrataciones irregulares y la excesiva temporalidad del empleo.
