La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para aclarar distintas cuestiones sobre la contratación pública del abogado Hakim Boularbah para defender en nombre del Estado español al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, frente a las acciones judiciales presentadas ante la justicia belga por dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
La parlamentaria reclama al Gobierno que detalle “¿con qué informes contó para proceder a la contratación de dicho abogado?”, “¿de qué partida presupuestaria salieron los fondos para dicha contratación?” y, de forma más genérica, si “¿puede hacer público el contrato suscrito con dicho abogado o con el despacho al que representa y, de ser así, cuándo piensa hacerlo público?”
La iniciativa parlamentaria que firma García Sempere plantea también una serie de cuestiones muy concretas para intentar aclarar este tema, sobre todo tras las distintas informaciones aparecidas sobre la forma en que se gestionó oficialmente y su controvertida cuantía, superior sólo para empezar los trámites a los 500.000 euros.
De esta forma, se interroga también al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre “¿quién fue la persona que acordó dicha contratación?”, más tras el rechazo manifestado inicialmente por el Gobierno para realizar alguna acción para defender al magistrado, “¿cuál fue el procedimiento de selección y contratación seguido en este caso, teniendo presente la cifra por la cual fue contratado el abogado Boularbah?”, ¿qué parte de dicho contrato ha sido ya abonada?” y “¿en qué país fue abonada dicha cantidad y a través de qué mecanismo se realizó la transferencia?”
La pregunta parlamentaria recoge también en su exposición un análisis de cómo el pasado mes de agosto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió al juez Pablo Llarena amparo ante lo que se denominó un ‘ataque planificado’ a la independencia del citado magistrado e instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias ‘para asegurar la integridad de la jurisdicción española’.
El citado acuerdo contó con el voto particular contrario de la magistrada María Concepción Sáez, básicamente por haberse presentado fuera del plazo de 10 días estipulado para ello. Otro vocal del CGPJ que no está en la Comisión Permanente, Enrique Lucas, estima que implicar al Gobierno en la defensa de Llarena vulnera la división de los poderes Ejecutivo y Judicial en España y también en Bélgica.
De ahí que la iniciativa plantee también la cuestión de si a la hora de contratar al abogado Boularbah para defender a Llarena “¿tuvo el Gobierno en consideración la posibilidad de que el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hubiera sido ilegal o contrario a Derecho?”, además de si “de haber tenido en consideración dicha posible ilegalidad, ¿qué medidas adoptó para no incurrir en un posible delito en cuanto al gasto que la contratación de dicho abogado ha generado a las arcas públicas?”.
