La Asociación Preeminencia del Derecho ha presentado un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que solicita el cese del vocal de la Comisión Permanente Juan Martínez Moya por “incumplimiento de deberes” si finalmente se demuestra que ha plagiado la idea para la creación de la Oficina de Atención al Acreedor Concursal (OAC) a otros compañeros de la carrera judicial. La obra fue presentada por varios magistrados de la jurisdicción mercantil en un concurso abierto por el órgano de Gobierno de los jueces, tal como publicó este diario en su edición del pasado día 15 de septiembre.
Preeminencia del Derecho, a través de su presidente el abogado José Luis Mazón, asegura que “de resultar cierta la noticia” de Diario16 –“que como mínimo debe ser investigada si se respetan los modus operando de un Estado de Derecho”−, el CGPJ debería declarar vacante el puesto de vocal de Martínez Moya, ya que habría “plagiado derechos de propiedad intelectual” a sus compañeros del estamento judicial. Sorprendentemente, los creadores de la idea de la Oficina de Atención al Acreedor Concursal −los jueces de lo Mercantil de Valencia−, no solamente no fueron reconocidos por la puesta en marcha de la OAC, sino que además fueron expedientados por el Consejo General del Poder Judicial, algunos de ellos hasta en veinte ocasiones, según las informaciones de Diario16.
Tal como avanzó este diario en una noticia firmada por el juez Fernando Presencia, a partir del día 2 de diciembre del año 2008, Carlos Dívar, el malogrado presidente del CGPJ investigado por sus viajes privados a Marbella, convocó a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para mantener una reunión de trabajo, en la que se trataría, entre otras cuestiones, sobre la creación de la Oficina de Atención al Acreedor en aquellas comunidades autónomas que contaran con medios suficientes.
Fue entonces cuando Martínez Moya, que por aquel entonces era presidente del TSJ de Murcia, “usurparía los derechos de propiedad intelectual sobre la OAC, incluyendo en la Memoria del Año 2009 una reivindicación a su favor de la Oficina de Atención, y presentando también la idea como suya en el Premio de Calidad de la Justicia del año 2010, donde sorprendentemente obtuvo un accésit, arrebatando el premio a sus verdaderos autores”, según consta en el escrito de Preeminencia del Derecho, que cita textualmente la información elaborada por este diario. Concretamente, el trabajo firmado por los magistrados de lo Mercantil y que se sitúa ahora en el centro de la polémica que rodea a Martínez Moya se titula La creación de la Oficina de Atención al Acreedor Concursal (OAC).
En su escrito, Mazón solicita una investigación al respecto, ya que en este tipo de procedimientos no pueden intervenir “en la votación, ni en la toma de decisión alguna sobre la presente, los vocales que sean amigos de Juan Martínez Moya por tener interés directo o indirecto en favorecer a su amigo”.
Aunque los hechos ocurrieron hace 10 años, “el vocal del Poder Judicial tiene que cumplir las reglas de ética elemental de los cargos públicos y más a ese elevado nivel institucional, por lo que el Pleno debe de votar su expulsión del mismo, ya que plagiar es como obtener un título falso o haber conseguido un máster por amiguismo falseando la asistencia”, recoge el escrito de la Asociación Preeminencia del Derecho.
Según la asociación que dirige Mazón, en este caso sería de aplicación el artículo 9 del Reglamento del CGPJ, que establece el “cese por incumplimiento grave de los deberes del cargo”.
Denunciado por plagio uno de los vocales judiciales que amparó a Pablo Llarena