La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida, Eva García Sempere, y el diputado de Podemos Miguel Vila han reclamado por carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que actúe ante los conflictos laborales que se dan “en el seno del Parlamento”, entre ellos el que afecta a trabajadores/as de la empresa Mediatem, que gestiona de forma externalizada los servicios del Canal Parlamento.
Ambas/os parlamentarias/os trasladan en su misiva a Pastor su “preocupación” acerca de este conflicto, en el que “trabajadores y trabajadoras de la televisión del Congreso llevan meses reclamando un acuerdo de salarios dignos e igualdad de condiciones”.
La televisión del Congreso retransmite desde diciembre de 2016 su señal a través de Mediatem, filial de Mediapro. Este mismo grupo había sido adjudicatario del servicio también entre 2005 y 2009. García Sempere y Vila recuerdan a Ana Pastor que los salarios de estos/as trabajadores/as “dependen de la partida presupuestaria que la Mesa del Congreso destina al proyecto. Basándose en esta premisa, la empresa mantiene que no equipararán el salario actual al del resto de profesionales del sector debido al limitado presupuesto del Parlamento. Asimismo, la empresa se niega a aplicar modificaciones en el presente año”.
Recuerdan que “Mediatem acumula varias causas desde que comenzó a prestar servicio. Una de ellas es la denuncia por trasladar personal del Senado al Congreso para cubrir los puestos de quienes habían ejercido su derecho a huelga el pasado 8 de marzo. Este asunto todavía está en trámite y la fecha de celebración del juicio se ha fijado para el 13 de noviembre”.
“Además, acumula ya cuatro despidos en el Congreso, uno improcedente y tres de ellos disciplinarios. Éstos últimos se produjeron el 29 de mayo, precisamente dos días antes de la reunión de los delegados sindicales con la empresa para continuar con la negociación del acuerdo” apostillan en su escrito. De estos cuatro despidos, tres ya han sido reconocidos improcedentes mientras que uno de ellos, en el que se exige la nulidad por vulneración de derechos fundamentales, se encuentra pendiente de juicio, que se celebrará el 22 de enero de 2019.
Los parlamentarios que se han puesto en contacto con Ana Pastor recuerdan también que este mismo mes de septiembre la empresa rescindió el contrato a un trabajador tras asegurarle su continuidad. “Según nos informan desde la plantilla, era de quienes se habían significado precisamente en la defensa de sus condiciones laborales, por lo que ha suscitado no sólo la solidaridad de sus compañeros y compañeras, sino la de numerosos ciudadanos a través de las redes sociales”.
García Sempere y Vila apuntan que este conflicto laboral “que es producto de las desastrosas políticas de externalizaciones y privatizaciones de lo público, tiene visos de enquistarse para preocupación no sólo de quienes trabajamos aquí y nos solidarizamos con los/as trabajadores/as de Mediatem, sino también de la ciudadanía. No es de recibo que esta institución, que debería ser ejemplo, permita prácticas como estas”.
“Es por ello que nos dirigimos a usted para solicitarle su mediación en este conflicto y le planteamos la posibilidad de recuperar este servicio para la administración pública, garantizando así a sus trabajadores y trabajadoras unas condiciones dignas”, concluyen.
