Albert Rivera ha vuelto a insistir en la exigencia a Pedro Sánchez de que aplique nuevamente el artículo 155 de la Constitución sobre Cataluña. Sin embargo, el líder del cada vez más ultraconservador partido naranja pretende que esa anulación de la autonomía catalana sea duradera en el tiempo y con unas consecuencias muy duras, es decir, pretende que se infrinja un castigo a todo el pueblo catalán, no sólo al sector soberanista. A la zaga le va Pablo Casado en sus insistentes solicitudes de invasión legal de las competencias que la Constitución y el Estatut reconocen a Cataluña.
La realidad es que el Procés ya ha «ulsterizado» a la sociedad catalana. No hay puntos intermedios, no existen posiciones equidistantes. O se es soberanista o se es unionista. No hay más. Los dos bandos se posicionan y la gente, de un lado y del otro, se bunkerizan en sus territorios para lanzar sus respectivas acciones reivindicativas que, finalmente, terminan en un enfrentamiento, como bien estamos viendo con las colocaciones y retiradas de los lazos amarillos de las calles. Todo ello, eso sí, con los líderes políticos de cada facción alentando el odio hacia el de enfrente. El problema que genera esto es el que se ha repetido a lo largo de la historia: los políticos hablan, inducen, alientan, exaltan al pueblo con palabras mientras que son los ciudadanos los que terminan vertiendo su sangre por las calles.
Tanto Rivera como Casado pretenden convertir Cataluña en un remedo de lo que fue la Belfast de Margaret Thatcher. Para eso ambos son discípulos aventajados de la Dama de Hierro. A cada acción del independentismo llega la reacción por parte de los dos líderes conservadores exigiendo al presidente del Gobierno la aplicación de medidas coercitivas o intervencionistas sobre la soberanía del pueblo catalán. Exactamente la misma situación, con ciertos matices, de lo que realizó Margaret Thatcher en Irlanda del Norte en los años 80 del siglo pasado.
Las reacciones tanto de Albert Rivera como de Pablo Casado a la conmemoración del día 1 de octubre dan buena muestra de cómo lo que pretenden es, en cierta medida, una invasión del Estado español a Cataluña. El castigo del poderoso frente a un pueblo que lo único que ha pretendido ha sido expresar su opinión en un referéndum democrático que podría haberse celebrado sin ningún problema hace años si la intransigencia y los intereses de unos y otros no lo hubiesen impedido.
Por un lado, Rivera, a quien la prensa internacional ya califica sin ningún tipo de tapujo como el líder de la extrema derecha española, volvió a exigir la aplicación del 155 pero con más dureza que con Rajoy, lo que implicaría inmediatamente la declaración de una especie de estado de excepción similar al que se aplicaba durante el franquismo cuando se declaraba algún tipo de crisis entre el Régimen y el pueblo. El líder de Ciudadanos sigue afirmando, con un total desconocimiento de la realidad catalana (algo muy grave siendo él oriundo de esa Comunidad Autónoma), que la mayoría de los catalanes reprueba al soberanismo cuando, en verdad, la sociedad está absolutamente polarizada y dividida por la mitad. Hablar de mayorías refiriéndose sólo a los que le apoyan o piensan como él es el argumento que suelen utilizar los dictadores para referirse al pueblo porque, en realidad, obvian a los que piensan de un modo distinto o los meten en la cárcel.
Pablo Casado, por su parte, además de exigir la aplicación de un 155 más duro que el que aplicó su partido cuando gobernaba y, por tanto, el mismo estado de excepción de Albert Rivera, ha dado un paso más y ha solicitado la ilegalización de los partidos catalanes en base a los argumentos de una ley de partidos que se creó en exclusiva para dejar sin capacidad de representación a la izquierda abertzale durante los años en los que la banda terrorista ETA asesinaba a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a políticos, a periodistas o a ciudadanos inocentes.
Toda esta estrategia de radicalización de las posturas unionistas en Cataluña para implantar un régimen similar al que Margaret Thatcher o Edward Heath impusieron en Irlanda del Norte lo que están logrando es la cohesión del independentismo. Nuevamente, al igual que ocurre con el Jefe del Estado, el endurecimiento del unionismo sirve como pegamento para reparar las grietas de un soberanismo cada vez más fragmentado. Tanto a Rivera como a Casado les interesa mantener vivo el conflicto catalán. No tienen ningún interés en que Pedro Sánchez logre abrir un diálogo para intentar reparar lo que a otros, tanto de un lado como del otro, interesó mantener vivo, es decir, el enfrentamiento. Todo ello, evidentemente, con un claro fin electoralista y de ahí que tras cada exigencia al gobierno se le acompaña la coletilla de la convocatoria de elecciones.
Es muy triste que en una democracia el único argumento que pueda tener la derecha para intentar ganar unas elecciones sea el del enfrentamiento entre ciudadanos. El Gobierno de Sánchez le está dejando sin argumentario que ofrecer a los españoles porque está mostrando que hay un modo distinto de gobernar, que el Estado dispone de recursos suficientes como para poder aplicar las políticas sociales que, con la excusa de la crisis, la derecha le hurtó al pueblo. Ante esto el único sistema que pueden aplicar es el de exaltar los sentimientos patrióticos y, señores Casado y Rivera, esto es algo muy peligroso porque los que no piensan como ustedes también los tienen.
