El volumen de irregularidades que perpetró la JUR en la resolución del Banco Popular y, por extensión, el FROB en el proceso de venta de la entidad, está poniendo la causa a las puertas de la anulación.
En este caso, según se extrae de las conclusiones de Deloitte, la JUR desoyó las recomendaciones que la auditora incluyó en su informe de valoración 2 en la que era muy clara al afirmar que la valoración más fiable del Banco Popular sería la mejor oferta por parte de las entidades que habían participado en el proceso de venta privada iniciado por Emilio Saracho y por JP Morgan.
En concreto, Deloitte se refirió a que un importante número de compradores ya habían accedido a la data room habilitada por el Banco Popular. A pesar de que la auditora fue muy clara en este aspecto, la JUR lo ignoró para organizar su propio proceso de venta en el que no estaba diseñado para que se alcanzara un precio de mercado al que Deloitte se refirió.
En la carta del proceso de venta se invitaba a los posibles compradores a presentar ofertas a partir de 0 euros. Esto es importante, puesto que indica que la intención de la Junta Única de Resolución no era otra que la cancelación de las acciones y de las obligaciones porque, si no, habría puesto un precio mínimo de 2.000 millones de euros. Entonces, ¿por qué la JUR valoró al Popular en -2.000 millones? La respuesta está en que esta es la cantidad exacta que permitió cancelar las acciones y las obligaciones para dejar intactos los depósitos no protegidos por el Fondo de Garantía y las obligaciones preferentes.
Por otro lado, la propia valoración 1 de la JUR indica que se basó en los datos públicos de mercado, como los informes de Moody’s, y no en los privados del Banco Popular. Aquí nos hallamos ante otra posible causa de nulidad de la resolución que deberá determinar el Tribunal General de la Unión Europea porque, si no se tuvieron en cuenta los propios datos del Popular se entienden muchas de las cosas que sucedieron a partir del día 2 de junio, fecha en la que, en primer lugar, Saracho recibió las instrucciones y el plan de acción por parte de Uría y Menéndez, y, en segundo término, Elke König convocó una reunión para el día siguiente a través de un documento encriptado. Hay que recordar, además, que en esos primeros días de junio Deloitte ya estaba trabajando en su informe de valoración y que el BCE hacía un mes que había determinado en una reunión que el Popular debía ser intervenido.
