Pocas leyes han sido tan criticadas, por antidemocráticas, como la de seguridad ciudadana que promulgó el Gobierno del PP en el año 2015. Aunque eso sí, nadie podrá dudar de su capacidad recaudatoria, hasta tal punto que la conocida como ley mordaza se ha convertido en una lucrativa maquinaria de ingresar dinero a costa, una vez más, del sufrido bolsillo de los ciudadanos. En mayo de 2017, solo 18 meses después de la entrada en vigor de la ley, el Estado había recaudado ya más de 131 millones de euros tras imponer 285.919 multas y sanciones por la aplicación de sus polémicos artículos.
El consumo de drogas en lugares públicos sigue siendo la principal vía de ingresos para las arcas públicas, seguido de la posesión de armas y explosivos sin licencia, pero inmediatamente después, en tercer lugar, se sitúan las faltas de respeto y desconsideración hacia los agentes de la autoridad: solo entre 2015 y 2016 se tramitaron por este concepto más de 22.500 expedientes que han dejado más de 3,5 millones de euros en multas. Aunque la falta de transparencia a la hora de facilitar datos sobre la ley mordaza sigue siendo alarmante, algunos medios de comunicación han filtrado en los últimos meses que entre julio de 2015 (fecha de entrada en vigor de la ley) y marzo de este año se han impuesto un total de 47.980 multas por falta de respeto o desconsideración a agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, 48 ciudadanos sancionados al día (un multado cada media hora). Faltaría el dato de la recaudación total a fecha de 2018, que sigue siendo un misterio.
Las conductas más perseguidas por el artículo 37.4 de la ley mordaza siguen siendo la desobediencia a la autoridad, obtener fotografías de policías sin su permiso, disfrazarse de agente y faltar al respeto a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Contestar con desprecio a un agente de uniforme, obsequiarle con un desplante o simplemente mirarlo mal han sido comportamientos sancionados hasta con 500 euros de media. A su vez, impedir un desahucio, participar en una manifestación no autorizada como rodear el Congreso de los Diputados o el Senado y escalar un monumento también han sido objeto de graves multas durante estos años de ley mordaza, un instrumento que Mariano Rajoy se sacó de la manga para reprimir las manifestaciones de ciudadanos que se echaron a la calle para protestar contra sus injustas políticas de recortes y austeridad.
El polémico artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana (que establece multas de entre 100 y 600 euros para todo aquel que no se comporte con respeto hacia el policía o agente de la Guardia Civil) ha trabajado a pleno rendimiento durante todo este tiempo. Pero lo peor de todo no ha sido el afán recaudatorio que parece estar detrás de la ley mordaza, sino la pérdida de calidad democrática de un país. Con esta dura normativa en la mano, la multa ha dejado de ser controlada por un juez, de modo que cada sanción impuesta ha sido firme desde el mismo momento en que ha salido del bolígrafo del agente de la autoridad. El procedimiento, propio de los tiempos del régimen franquista, ha generado absoluta indefensión en el ciudadano, al que solo le ha quedado recurrir en costosos juicios contencioso-administrativos. La mayoría de los sancionados han optado por callar y pagar, pocos se han atrevido a recurrir la multa ante la Justicia por los gastos en abogados y costas judiciales que conlleva el proceso. La consecuencia directa ha sido la que se preveía cuando se promulgó la ley mordaza: los españoles tenemos hoy menos garantías procesales que hace tres años y nuestro derecho a la presunción de inocencia se ha disuelto en manos de ese guardia civil o policía que ahora tiene poder absoluto a la hora de imponer la potestad sancionadora.
Tras ganar la moción de censura y desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa, Pedro Sánchez se comprometió a derogar la ley mordaza, pero han pasado los meses y a fecha de hoy la iniciativa sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto en la calle se siguen produciendo sanciones surrealistas, como ese hombre al que le cayó una multa por fotografiar un coche de la Policía mal aparcado, ese joven que llamó “colega” a un agente, o esa muchacha que llevaba un bolso con un eslogan inofensivo que según la policía atentaba contra la seguridad del Estado.
En estos tres años de oscuridad, la ley mordaza ha sido calificada como “abominable” por el prestigioso diario The New York Times, que avisa de que la normativa ha hecho retroceder a España hasta los “días más oscuros del franquismo”. A su vez, relatores de la ONU, miembros de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y numerosos medios de comunicación internacionales han pedido su derogación. Reporteros Sin Fronteras también ha solicitado su abolición al considerar que supone un atentado al derecho a la libertad de expresión y una injerencia intolerable en el ejercicio de la profesión del periodista.
Nada ni nadie ha podido con el rodillo de la ley mordaza, que se ha convertido en una prodigiosa y lucrativa maquinaria de recaudación a costa del recorte de las libertades de los ciudadanos. Hasta que hoy mismo, tras meses de bloqueo, el Congreso ha anunciado que retomará este mismo martes la reforma de la normativa legal dictada por el PP, según informa la agencia de noticias Europa Press. En la Cámara Baja existen dos proposiciones sobre aquella Ley de Seguridad Ciudadana que promovió el PP en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz: una del PNV para modificarla y otra del PSOE para derogarla directamente. Tras meses de prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas a uno y otro texto a finales del pasado mes de febrero y los letrados concluyeron que había que convocar dos ponencias con los mismos diputados para alumbrar una única proposición de ley conjunta. Sin embargo, desde entonces no había habido ningún movimiento más. A finales de julio se anunció la convocatoria de la ponencia para el pasado mes de septiembre, pero de inmediato los diputados recibieron un mensaje anulando la cita. A partir del martes se retomará la ansiada reforma. Esta vez sí, la cuenta atrás para la derogación de una ley que muchos juristas han calificado como “infame” parece haber comenzado.
