Las irregularidades publicadas por Diario16 en la construcción del Centro Comercial Torrecárdenas, en Almería, y que pueden provocar un grave problema de salud pública ya que podrían afectar a la red de agua potable, también las ha tenido en cuenta la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4, María del Mar Cruz Moreno a través de la denuncia puesta por Tomás Olivo y ha solicitado al Ayuntamiento de Almería «que aporte testimonio del expediente […] así como que informe expresamente y con celeridad sobre la existencia de las deficiencias denunciadas, su gravedad, su subsanación y, en el caso de no haberse subsanado, las razones de no hacerlo pese a tener conocimiento de ellas».
Tal y como publicábamos, existen una serie de las deficiencias detectadas en la construcción del Centro Comercial que se centran en que el montaje de la tubería de abastecimiento procedente de las obras y saneamiento de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax que transcurren por la urbanización a una cuota inferior a las infraestructuras de saneamiento que marca la ley. Este hecho también es contrario a las prescripciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Fomento, las ordenanzas municipales sobre la normalización de elementos constructivos para las obras de urbanización. Además, las instalaciones de media tensión transcurren por encima de las redes de abastecimiento.
Dentro de la providencia, la jueza insta al Ayuntamiento de Almería a que adopte «las medidas necesarias, en tanto no exista un informe de la concesionaria que certifique que se ha cumplido con la normativa y se han subsanado las irregularidades, incluida la suspensión del inicio de actividad alguna, así como a que, previamente a la autorización del inicio de actividad por parte del Ayuntamiento, se acredite ante el juzgado la subsanación de las referidas deficiencias denunciadas». Entre estas medidas podría encontrarse la paralización de la apertura del Centro Comercial, algo que llevan solicitando asociaciones como AMAyT o Tomás Olivo a través de la sociedad General de Galerías Comerciales S.A. que es quien puso la denuncia a través del abogado Javier Gómez Bermúdez.
La Justicia ha tomado una decisión ante el silencio administrativo y político que, con la excusa de la creación de puestos de trabajos, parecen dispuestos a poner en riesgo la salud de más de 30.000 personas.
