No se puede esperar más y nuevamente tendrán que ser los representantes elegidos democráticamente por el pueblo europeo los que tengan que dar un paso hacia adelante para proteger a los ciudadanos de la corrupción que genera las connivencias entre las entidades financieras y los organismos públicos, tanto españoles como europeos.
En España parece que aún no se entiende el poder que tiene Europa y las cesiones de soberanía que se hicieron en los distintos tratados. Muchas de ellas no han traído mucho beneficio a los ciudadanos, pero existen otras que sí, que pueden reparar los errores tanto de la Administración española como la europea. El Caso Banco Popular es uno de ellos y la clase política europea puede tener la llave para alcanzar la solución para las más de 305.000 familias arruinadas para que una entidad financiera fuera rescatada. ¿Qué democracia, qué institución que se dice representante del pueblo, podría permitir un atentado así a los principios fundamentales en los que se sustenta el respeto a los derechos de las personas?
Diario16 tiene un objetivo fundamental en el Caso Banco Popular. Ya lo hemos indicado anteriormente, pero lo queremos dejar claro: las víctimas de la operación diabólica deben recuperar su dinero a través de un acuerdo extrajudicial con el Banco Santander que termine con el sufrimiento de más de un millón de personas, muchas de ellas que han llegado a pensar en el suicidio por la situación límite en la que se han encontrado desde aquel fatídico 7 de junio de 2.017.
¿Por qué hacemos esto? Porque es periodismo, porque, como medio de comunicación, estamos obligados a buscar todas las vías para controlar al poder y servir al pueblo. El periodismo no es sólo contar o copiar lo que dice una nota de prensa, es tener la información, la documentación de una estafa contra un pueblo y callarse y no ponerlo al servicio de la gente para defender los derechos y la libertad del pueblo, en este caso, de las 305.000 familias arruinadas. Realmente ya lo hemos intentado durante estos años en España llevando a la Audiencia Nacional toda esa documentación. Sin embargo, si estamos recibiendo informaciones de que hay gente muy cercana al Santander que está todo el día en la Audiencia Nacional, pocas palabras bastan. Si el juez instructor va a la presentación de un libro y se sienta al lado de Baltasar Garzón que es amigo del Santander, pocas palabras bastan. Si es amigo de la ministra de Justicia, pocas palabras bastan. Si recibimos cientos de cartas en las que nos dicen que las personas afectadas viven con la ilusión de leer todos los días Diario16 y nos piden que sigamos con nuestras informaciones, pocas palabras bastan. Si hay un millón de afectados y hay unas elecciones, pocas palabras bastan. Como consecuencia, estamos llegando a Europa e iremos donde sea necesario para defender a los afectados para llegar a un acuerdo, tal y como se llegó en situaciones mucho más difíciles, como sucedió con ETA o con el convencimiento de que nunca se podrá arreglar el conflicto catalán sin diálogo. Esto es un golpe de Estado y también hay que llegar a un acuerdo y un diálogo, al que sea necesario llegar. Y con pocas palabras basta.
El Caso Banco Popular se está encontrando con distintas trabas a la hora de encontrar una solución para los afectados. En primer lugar, una instrucción en la Audiencia Nacional que, tal y como dijo el juez Elpidio Silva en la entrevista concedida a este medio, «no existe» porque no se han aplicado las medidas cautelares necesarias y que en estas páginas se han reclamado al juez Andreu. En segundo término, las comisiones parlamentarias en España, sobre todo por un formato en el que se le da todo el poder al compareciente en vez de a los diputados, no permitieron que se esclareciera ningún tipo de responsabilidad, además de que algunos de los que allí hablaron presuntamente cometieron delitos por afirmar cosas que no eran verdad, además de que se excluyó a muchos de los verdaderos responsables del Caso Banco Popular porque hubo partidos que vetaron su presencia, tal y como ocurrió con la solicitud de comparecencia de Ana Patricia Botín y que fue vetada por PP, Ciudadanos y PSOE. En tercer lugar, es una mala señal para una democracia que el pueblo, en este caso los afectados, desconfíen de la Justicia española y de que finalmente se sentenciará en favor del Santander, tal y como ya ha ocurrido en otros procedimientos en los que había claros indicios delictivos y que fueron archivados o con fallos favorables a la entidad cántabra, algunos de ellos protagonizados por el mismo juez que está instruyendo el Caso Banco Popular. En cuarto término, las irregularidades que cometieron las instituciones europeas deben ser analizadas por el Parlamento porque, al fin y al cabo, ni siquiera a la Comisión se le dio tiempo suficiente para supervisar la operación (77 minutos), por no mencionar que la propia JUR incumplió varios artículos de los reglamentos que está obligada a cumplir.
Estas son algunas de las razones técnicas que nos han movido a iniciar los trámites para que los europarlamentarios conozcan la realidad de lo que ocurrió con el Banco Popular. Se les entregará toda la documentación que obra en nuestro poder, la gran mayoría de ella ya en posesión de la Justicia española, para que la analicen. Diario16 presentará la propuesta de creación de una Comisión de Investigación que, de una vez por todas y sin ningún tipo de interés partidista interpuesto, se depuren las responsabilidades y se muestre a la Justicia lo que realmente provocó la ruina de más de 305.000 familias.
Sin embargo, hay un aspecto que en Bruselas deben conocer y que parece que olvidan: el factor humano, lo que están sufriendo todas y cada una de las personas afectadas, de los pequeños accionistas, que no son especuladores como algunos, incluido Rodrigo Echenique, quieren hacer creer a la opinión pública para poner un velo y que la gente no mire hacia los verdaderos culpables. Por eso es necesaria la entrada del Parlamento Europeo con, por ejemplo, una comisión de investigación en la que pudieran interrogar sin ningún tipo de cortapisa a los dos últimos presidentes anteriores a la resolución y, por supuesto, a Ana Patricia Botín e, incluso, realizar un careo entre los tres, a pesar de que esto supusiera un enfrentamiento desigual porque Saracho, evidentemente, se alinearía con el Santander.
El Europarlamento tiene potestad para iniciar una comisión de investigación para examinar las infracciones del Derecho de la Unión o la presunta mala administración en su aplicación. Todo ello se encuentra recogido en el Reglamento Interno, Título VIII, artículo 198. En el Caso Banco Popular se han vulnerado reglamentos europeos y, por lo tanto, pueden formalizar una comisión de este tipo.
El apoyo de Europa a los afectados del Banco Popular es fundamental si se quiere llegar a una solución pactada. Por eso, Diario16 llevará al Parlamento el caso para visibilizar lo que ocurrió aquella noche del 7 de junio de 2.017 y que esas más de 305.000 familias puedan recuperar lo que se les arrebató con nocturnidad, premeditación y alevosía.
