La corrupción política es la que más alarma social genera o, al menos, la que más despierta al pueblo. Sin embargo, existen otros tipos de elementos corruptos dentro del aparato del Estado cuyos comportamientos son totalmente ajenos a la opinión pública. El problema lo encontramos cuando hay personas que están dentro de la Administración, ven lo que está ocurriendo y, por su ética o por el amor que sienten hacia lo que esas instituciones representan para el pueblo, dan el paso de denunciar la corrupción. ¿Se castiga a los corruptos? En España se activa un protocolo de destrucción absoluta de quienes tienen el valor de presentar ante quien corresponde lo que está ocurriendo.
Diario16 ha sido el único medio invitado por una importante representación de denunciantes de corrupción españoles en el Parlamento Europeo. Dos eurodiputados españoles, Javier Couso, de Izquierda Unida, y Jordi Solé, de ERC, se han asombrado ante los duros testimonios que las víctimas del aparato corrupto del Estado han relatado con toda crudeza. Tan impactante ha sido lo que en esa sala del Europarlamento se ha contado que uno de los eurodiputados ha cancelado compromisos que tenía programados para quedarse allí y escuchar.
Un militar expulsado del Ejército, un juez condenado a 20 años de inhabilitación o una Guardia Civil del Seprona, han coincidido en una cosa: España no protege a quienes tienen el valor desde dentro de las instituciones a denunciar la corrupción sistémica que existe, sino que, por el contrario, esos mismos organismos, que deberían estar empeñados en limpiar sus sótanos de la ponzoña corrupta, les machaca, pone todo su poder de influencia y económico al servicio de quienes quieren evitar que sus comportamientos espurios salgan a la luz o tengan el castigo que la ley dispone para los mismos.
La Justicia ha sido otro de esos aspectos en los que han coincidido todos. El denunciante de corrupción en España no tiene el amparo de la Justicia sino, más bien, todo lo contrario. El teniente Segura ha contado las irregularidades que se cometieron en los juicios por los que fue apartado del Ejército; el juez Fernando Presencia ha compartido cómo los que le denunciaron o condenaron ahora van a ser los que decidan sobre su recurso de casación; la sargento de la Guardia Civil, María Serrano, cómo sus superiores la vejaron por sus denuncias de tráfico ilegal de productos pesqueros por parte de un subordinado.
Se quiere dar una apariencia de que todos estos atropellos se realizan en base a la legalidad, cuando no es así. La realidad es que el denunciante de corrupción en España sufre las represalias y la reacción más dura, no de la gente a la que denunció, sino de todo el aparato de la institución que puede verse salpicada. Es muy difícil cambiar comportamientos que son tan habituales que están institucionalizados.
Ese es el problema de España con la corrupción: está institucionalizada en las instituciones y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder.
Los testimonios de Segura, Serrano y Presencia han puesto encima de la mesa del Parlamento Europeo cómo, además del daño causado por quienes se encuentran dentro del aparato corrupto del Estado, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.
Todo esto viene por las relaciones que todos ellos tienen entre sí. Coinciden en actos y eventos organizados por las instituciones en las que se desarrollan esos comportamientos corruptos. Hablan, comparten experiencias y, evidentemente, se protegen unos a otros.
Actualmente, está en vías de estudio una Directiva europea que, precisamente, proteja a quienes denuncian cualquier tipo de corrupción. Sin embargo, hubo consenso en que esta nueva ley de la Unión Europea, en el estado en que se encuentra, es insuficiente porque deja fuera aspectos que son muy importantes para la protección de los denunciantes como, precisamente, que sean representantes de los propios organismos denunciados los que juzguen estos actos corruptos.
Mientras tanto, son los denunciantes, las víctimas de la corrupción, quienes sufren en el presente y ven con tristeza cómo se les está arrebatando el futuro.
