En el Reglamento de Aspectos Accesorios de la Administración de Justicia se establece claramente que a cada procedimiento judicial se le asignará un número de identificación que permita distinguirlo de los demás de su misma clase que sea además diferente del número general de registro, todo ello con la finalidad de que los interesados puedan comprobar el cumplimiento de las normas de reparto y asignación de ponencias por parte del órgano judicial.
Sin embargo, el número de identificación que consta en los autos de Pablo Llarena para la causa especial del Procés es el mismo que correspondió al registro general de entrada de asuntos, el 20.907/2017, lo que a la vista del citado Reglamento es tanto como decir que en el año 2017 entraron hasta ese momento en la Sala 2ª del Tribunal Supremo 20.906 causas especiales, lo que es rotundamente falso.
En el año 2017, según los datos a los que ha tenido acceso Diario 16, se incoaron solo 15 causas especiales contra aforados en el Tribunal Supremo de las que únicamente 4 fueron admitidas a trámite.
La primera de ellas fue el procedimiento abierto al diputado de Unidos Podemos y ex sindicalista Diego Cañamero, en febrero de ese año, por supuestamente presionar a los empleados de la finca sevillana de La Rinconada para que fueran a la huelga en 2011. En este procedimiento se nombró instructor a Andrés Martínez Arrieta.
La segunda causa especial fue abierta el 28 de septiembre de ese año a Pilar Barreiro, senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena (Murcia), en relación con un supuesto pago con dinero público de sus campañas de imagen. La Sala designó instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer García.
El tercer procedimiento fue admitido a trámite de forma meteórica en un solo día, el 31 de octubre de 2017, cuando la querella de la fiscalía se presentó ante el Tribunal Supremo apenas veinticuatro horas antes. Se trataba naturalmente de la causa del Procés, en la que fue nombrado instructor Pablo Llarena Conde.
En consecuencia la causa del Procés debería haber llevado como número de identificación la Causa especial “3/2017” y no la “20.907/2017”.
El cuarto procedimiento fue el segundo abierto a Diego Cañamero ese año 2017, esta vez por su participación en la huelga del servicio de basuras en El Coronil (Sevilla) en 2013. El Magistrado instructor designado fue Antonio del Moral García.
Es evidente que Pablo Llarena manipuló el número de identificación de la causa del Procés, y lo hizo como medio de ocultación para que resultara imposible, o muy difícil, comprobar luego el cumplimiento de las normas de reparto y asignación de ponencias por parte del órgano judicial.
Las Normas de reparto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo previenen un turno riguroso de antigüedad para la designación del magistrado instructor en las causas contra aforados.
En el año 2017 el orden de antigüedad de los magistrados integrantes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo era el siguiente:
- Andrés Martínez Arrieta.
- Julián Artemio Sánchez Melgar.
- Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
- Francisco Monterde Ferrer.
- Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
- Luciano Várela Castro.
- Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
- Antonio del Moral García.
- Andrés Palomo del Arco.
- Ana María Ferrer García.
- Pablo Llarena Conde.
Como se puede comprobar fácilmente, el turno de antigüedad sí que se observó en el nombramiento del primero de la lista, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado instructor de la primera de las causas contra Diego Cañamero en febrero de 2017.
Sin embargo la cosa empezó a torcerse con el nombramiento en septiembre de 2017 de Ana María Ferrer García –pasando del primero a la antepenúltima de la lista de candidatos disponibles– como magistrada instructora de la causa abierta contra la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro.
El asunto de las designaciones siguió torciéndose con el nombramiento de Pablo Llarena en la causa del Procés ya que era el más inexperto de todos los componentes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y por tanto el último de la lista de todos los magistrados disponibles. Sin embargo, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa que ha procurado la crisis política más grave de toda la historia de nuestra democracia reciente.
Para rematar las anomalías en la segunda causa contra Diego Cañamero se nombró a Antonio del Moral García cuando delante de él había 6 magistrados más.
Está claro entonces que el turno de antigüedad dejó de observarse cuando ya parecía evidente que la Fiscalía General del Estado iba a presentar la querella por los hechos del 1 de octubre, y que el preferido por Manuel Marchena para ser investido magistrado instructor de la causa del Procés iba a ser Pablo Llarena Conde.
Por esa razón la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial avisando de la imputación a Pilar Barreiro, y del nombramiento de Ana María Ferrer García para justificar después el nombramiento del siguiente en la lista Pablo Llarena, era del 17 de octubre – y por tanto de fecha bastante posterior al 1 de octubre– , lo que parece indicar que la fecha del 28 de septiembre (tan solo 2 días hábiles antes del referéndum) que se le puso al Auto de admisión a trámite de las diligencias previas estaba falsificada.
A partir de esta falsedad se comprende entonces la prevaricación en la que consistió luego el nombramiento de Pablo Llarena como magistrado instructor de la causa del Procés.
