La historia del caos judicial de los juzgados de Roquetas de Mar (Almería), no es nueva. Esta situación se viene manteniendo desde, aproximadamente, veintisiete años. En el año 1992 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió que todos los funcionarios de los Juzgados de Roquetas fuesen expedientados. En 1993 los abogados de propusieron un plante para paralizar la justicia a nivel provincial. En 2006, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, reconoció que las instalaciones donde se encontraban los juzgados se correspondían a tres viviendas de protección oficial que él, personalmente, adquirió mediante compra a un Juez, un Fiscal y un Abogado.
Desde el año 2014, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), que actúa como acusación popular en las Diligencias Penales 34/12 y sus 25 Piezas Separadas, tramitadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, viene denunciando ante el CGPJ la falta de medios que padece el Juzgado, así como la inacción judicial que se viene advirtiendo.
«Estas Diligencias Penales investigan las vinculaciones societarias del alcalde Amat, y sus familiares más directos, sobre una presunta Trama que estaría compuesta, en principio, por unas 103 sociedades y que estas podrían ampliarse a más de 300 mercantiles, las que supuestamente se abrían venido beneficiando de las decisiones adoptadas por el Consistorio Roquetero desde que Amat es su alcalde», afirmaba el informe de la UDYCO de la Costa del Sol y el Informe de la Policía Judicial Adscrita a la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Una de las últimas denuncias impuestas ante el CGPJ, presentada el 12 de septiembre de 2018, afecta directamente a la comunicación de los actos procesales y presuntas alteraciones documentales de algunas de las resoluciones judiciales efectuadas por la jueza sustituta Otilia Fornieles Melero. Esas resoluciones judiciales afectan a tres autos de archivo en tres de las veinticinco piezas separadas que se siguen contra el alcalde de Roquetas y presidente del Partido Popular en Almería.
Todas estas resoluciones judiciales, aunque fechadas según el contenido de las mismas en el mes de abril (días 9 y 13), fueron presuntamente dictadas en el mes de mayo de 2018 sin firma de juez y letrado de la administración ni fecha electrónica cuando la jueza sustituta ya había cesado a la vista de la incorporación de la nueva titular, Purificación Ferreiro García. Todas estas resoluciones se incorporaron al sistema informático LexNet en el mes de mayo, tal y como reconoció a Amayt el funcionario de la Administración de Justicia encargado de la guardia y custodia de los mencionados expedientes. Además, tal y como demuestran las «propiedades» de los archivos remitidos, todos son del mes de mayo por lo que no pudieron ser fechados ni firmados electrónicamente.
Por lo tanto, según fuentes de Amayt consultadas por Diario16, todas estas resoluciones judiciales son procesalmente nulas de pleno derecho al haberse dictado por un órgano sin jurisdicción ni concesión de prórroga por el TSJA.
Amayt no descarta trasladar su denuncia a los Tribunales de Justicia competentes ante la inactividad de la jueza y entendiendo que la actual titular debería dar traslado a la Fiscalía, tanto en cuanto se entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal ya que afectan, al principio de legalidad y seguridad jurídica, entre otros. Todo ello sin entrar a valorar otras cuestiones. Este tipo de lapsus, que se extiende a otras dos resoluciones más no son achacables a meros errores procesales.
A raíz de esta denuncia el C.G.P.J., ha decidido abrir Diligencias Informativas (Investigación) sobre los hechos referidos por Amayt.
Un representante de la asociación indica a Diario16 que «No es esta la última de las denuncias presentadas por la Asociación ante el Consejo General del Poder Judicial. La más reciente, y última de ellas, ha sido la presentada el pasado 08 de octubre de 2018. En este caso, precisamente, contra la actual juez titular y recién nombrada, Dª Purificación Ferreiro García, quién ha decidido imponernos una fianza, aún sin determinar que tendríamos que abonar si queremos seguir siendo parte personada en las Diligencias que se tramitan contra Gabriel Amat, después de 5 años de encontrarnos personados, mediante 2 resoluciones firmes y que en ninguno de sus casos fueron revocadas o impugnadas por la Fiscalía ni por ninguna de las partes personadas, incluida la propia defensa del Sr. Amat y del Ayuntamiento de Roquetas de Mar».
En concreto, Amayt denuncia que se les está intentando apartar del procedimiento mediante la imposición de fianza al objeto de proceder a la anulación de todos sus escritos para así archivar las Diligencias. «Esta es la última estratagema que se les ha ocurrido para no declarar auto de investigado contra Gabriel Amat y otros, petición que viene solicitada desde el mes de septiembre de 2017 y de la que no se ha pronunciado ni la Fiscalía de Almería ni el propio Juzgado. Pero es, que además, la nueva juez instructora ha decidido que no piensa contestar a ninguno de los múltiples de nuestros escritos presentados y que se encuentran pendientes, tanto en cuanto Amayt no consigne la fianza que le sea impuesta y que a esta fecha, tras más de un mes desde que Amayt interpuso recurso contra la resolución adoptada por la juez, esta, no ha contestado. De esta forma el procedimiento se sigue dilatando y dictando resoluciones contradictorias», asevera el representante de la asociación.
Sobre esta última denuncia, contra la jueza titular Purificación Ferreiro García, el Consejo General del Poder Judicial no ha llegado a pronunciarse…, de momento.
