Nada nuevo bajo el sol en lo referente al Sáhara Occidental. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa planteando una política de abandono a las reivindicaciones de la República Saharaui que, inexorablemente, favorecen los intereses de un régimen dictatorial (aunque enmascarado en una presunta democracia) como el del Reino de Marruecos.
Josep Borrell está olvidándose, no sólo del pueblo saharaui, sino de la propia raíz del Partido Socialista y de las directrices del propio Gobierno de Pedro Sánchez en las que prima el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar en el propio Congreso Federal en el que fue ratificado el resultado de las primarias, hubo una representación saharaui, lo que indicaba claramente el compromiso del PSOE hacia las justas reivindicaciones de un pueblo que fue abandonado por España porque no se cumplió el compromiso de la celebración de un referéndum de autodeterminación y se entregó la administración, que no la soberanía, a Marruecos y Mauritania, en contra de lo que indica la Carta de las Naciones Unidas.
Tampoco hay que olvidar cómo, durante el tiempo en que Borrell formó parte del Consejo de Abengoa, la multinacional sevillana firmó grandes proyectos con el Reino de Marruecos como, por ejemplo, la central híbrida de termosolar y ciclo combinado Ain Beni Mathar o la transmisión eléctrica de Matmata. Este hecho privado indica las buenas relaciones que mantiene el ministro con el reino alauí.
Desde que está al frente de Exteriores, Borrell ya ha protagonizado varios momentos de desprecio hacia el pueblo saharaui. Uno de los más sonados tuvo lugar en el Senado, el día 25 de octubre, cuando despachó en menos de dos minutos la batería de preguntas presentadas al Gobierno por parte cuatro senadores, entre los que se encontraba el canario Pablo Rodríguez Cejas. Entre las cuestiones planteadas a Borrell se encontraban el cumplimiento por parte de España de las sentencias del TJUE sobre la comercialización de recursos naturales del Sáhara Occidental —sentencias que establecen que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados—, «en las que se define esta comercialización como un expolio de los recursos de un país ocupado a la fuerza». El senador fue muy concreto al preguntar a Borrell lo siguiente: «Sé que usted se siente muy cómodo con sus aliados estratégicos como Marruecos, pero le pregunto: ¿Sabe que de forma flagrante se violan los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental por parte de las fuerzas militares marroquíes? ¿Sabe que en los territorios del Sáhara Occidental ocupados ilegalmente por Marruecos la población saharaui es torturada, perseguida y oprimida?».
Borrell respondió lo siguiente: «Solamente puedo decirles que nosotros estamos alineados con las Naciones Unidas y apoyamos la posición de las Naciones Unidas, del Alto Representante, del negociador. El Secretario General nos ha pedido ayuda para que se puedan desarrollar las negociaciones entre las partes. España no es considerada potencia administradora en las resoluciones anuales de la Asamblea General que se refieren a la descolonización del Sáhara Occidental, ni aparece como potencia administradora en la lista de Territorios no Autónomos de Naciones Unidas. Eso es importante saberlo para saber cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ese territorio».
Sin embargo, Borrell se olvidó de lo establecido en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2.014 cuando el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estableció en un auto que « las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los informes de su Secretario General, la Potencia Administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España, aunque lo sea de iure pero no de facto hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas».
La posición de Borrell de defensa de los intereses marroquíes frente a los legítimos derechos del pueblo saharaui, un pueblo hermano del español, se resumió en otra parte de su breve intervención en la que reconoció que se habían reunido con representantes marroquíes y argelinos y no citó a los saharauis, además de indicar que España no podía hacer más que apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, Borrell no se quedó en esto, sino que el mismo día en que se produjo su comparecencia en el Senado, su departamento entregó un informe en el Congreso de los Diputados en el que Exteriores era contrario a que se celebrara en sede parlamentaria una reunión de parlamentarios nacionales, autonómicos, europeos y de países africanos (“Sáhara Occidental: territorio pendiente de descolonización”), en el marco de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), prevista para los días 16 y 17 de noviembre próximos en Madrid. La excusa fue que esta reunión afectaría a las relaciones de España con Marruecos. Este informe fue fundamental para que la Mesa del Congreso impidiera la celebración de esta reunión.
Esta postura de Josep Borrell choca frontalmente con la de su partido y, sobre todo, con la del presidente Pedro Sánchez, quien en la Asamblea General de Naciones Unidas se pronunció a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
