La Fiscalía ha presentado el escrito más duro que se podía con la ley en la mano contra los acusados del procés independentista en Cataluña: 200 años de cárcel en total para los principales líderes independentistas. Se podría decir que al aplicar el delito de rebelión contra los encausados, la Justicia española ha querido dar un buen escarmiento a los aventureros que el 1-O decidieron atravesar el Rubicón de la Historia, sin vuelta atrás, promoviendo una hoja de ruta que conducía directamente a la ruptura unilateral con el Estado español y a su desestabilización. Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, se enfrenta a 25 años de prisión por un delito de rebelión agravado por el de malversación de caudales. La misma petición de condena que para los demás consejeros integrantes del Govern: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el ministerio público solicita 16 años de cárcel. A la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los líderes de las asociaciones cívicas –el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmium, Jordi Cuixart–, se les acusa de rebelión, aunque no de malversación.
Solo la Abogacía del Estado, al descartar el delito de rebelión y aplicar el de sedición, que supone una rebaja considerable de las penas, ha tratado de imponer las tesis del Gobierno para reconducir el conflicto hacia la vía de la negociación política. Pero de nada le ha servido a Pedro Sánchez tratar de teledirigir a los abogados del Estado, cuya petición de condena bastante más condescendiente no ha gustado ni a los independentistas –a quienes solo les vale ya la absolución– ni a la derecha española, que está acusando al presidente de traidor y aliado de los golpistas. El desastre que ha supuesto tratar de judicializar el problema se ha consumado. ¿Y ahora qué?
Una vez más el escenario de confrontación está servido. El victimismo del bloque independentista cobra la fuerza que necesitaba después de un periodo languideciente, confuso y de cierta división entre sus principales motores: PDeCAT y ERC. El frente independentista, que parecía definitivamente roto por el enfrentamiento entre los líderes de ambas formaciones políticas, tendrá ahora un nuevo argumento al que agarrarse: la Justicia española, esa a la que Europa suele enmendar la plana por sus sentencias retrógradas, esa que actúa al dictado del franquismo sociológico, ha optado por la pura venganza al realizar una petición de penas que se antoja desproporcionada. Ni cinco minutos tardó el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián en colgar uno de sus incendiarios tuits en esa línea: “25 años de prisión por votar y 9 por violar. Son unos salvajes. Y si te callas ignoras que el siguiente puedes ser tú”.
Por otra parte, la derecha ultraespañolista huele la sangre, sabedora de que ya tiene lo que iba buscando: la caricatura de un presidente derrotado en su pueril intento de abrir nuevos cauces de diálogo, el espantajo al que han dibujado como un amigo de los independentistas, el vendepatrias que ha dejado el país en manos de sus enemigos a cambio de un puñado de votos para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado de marcado carácter social que probablemente ya no serán posibles.
El panorama no puede pintar más negro para un país cada vez más polarizado en posiciones radicales. La esperanza de que el conflicto pudiera reconducirse hacia la negociación, como pretendían el Gobierno del PSOE y su principal socio Podemos, se aleja, y vuelven los mismos fantasmas de hace un año: los discursos patrioteros, el lenguaje belicista, la llama del odio y el enfrentamiento. Solo quedaría una remota posibilidad de enmendar el desaguisado: que los escritos de calificación del fiscal formaran parte de una compleja puesta en escena, una especie de gran montaje urdido para desviar la atención mientras la película se está rodando en la trastienda. Según esa teoría, que mantienen algunos reconocidos analistas políticos, esta durísima petición de penas formaría parte del guion escrito hace unos días entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners, una especie de hoja de ruta que comenzaría con unas penas contundentes contra los encausados pero que se irían limando a medida que avanzase el juicio. El final de la historia no sería otro que el indulto para todos los líderes independentistas. Pero, siendo realistas, no parece que vaya por ahí la trama, puesto que los partidos soberanistas ya han anunciado que la petición del fiscal supone la retirada del apoyo a Pedro Sánchez y el “no” a sus presupuestos. De modo que, de ser así, colocado el Gobierno es una posición de franca debilidad, todo apuntaría a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.
Nada invita al optimismo y no hay más que echar un vistazo a las páginas web de las organizaciones cívicas catalanas implicadas en el procés. La Asamblea Nacional Catalana, la organización de Jordi Sànchez, uno de los líderes encarcelados, asegura que un año después de la declaración de independencia se debe “seguir adelante para conseguir la República catalana”, y pone el énfasis en “no devaluar la validez del referéndum”, reiterando que “no fue simbólico y que sólo hay una certeza: aplicar lo que se ganó en las urnas y que se declaró en el Parlamento, la República catalana”. Esta organización insta al president de la Generalitat, Quim Torra, a publicar la famosa DUI en el DOGC. “No podemos ocultar que el Parlamento declaró y votó formalmente la declaración de independencia”, añaden fuentes de la Asamblea.
Por su parte, Òmnium Cultural, la asociación de Jordi Cuixart (otro de los presos del procés), asegura que ante la confirmación de que la Fiscalía General del Estado acusa a su líder del delito de rebelión y pide 17 años de prisión, y la Abogacía del Estado lo acusa de sedición y solicita 8, la Junta Nacional de la organización “expresa todo el apoyo al presidente de la entidad, encarcelado desde hace 382 noches, y al resto de encausados ante este proceso vergonzoso que no es otra cosa que un juicio a la democracia”. Para Òmnium, los escritos del Ministerio Público son un “ataque sin precedentes al sistema de derechos y libertades de toda la ciudadanía”, una “criminalización de la movilización popular transformadora”. “Hoy el Estado de Derecho hace aguas; se vulneran los derechos de manifestación, expresión y huelga. Se violentan las leyes para construir un falso relato de rebelión y levantamiento violento que nunca ha existido”. Òmnium Cultural denuncia una operación del Estado para anular el movimiento soberanista catalán, “un movimiento pacífico y cívico que defiende legítimamente el derecho a la autodeterminación de Cataluña”.
De nuevo, tal como ocurrió el 1-O, cuando miles de catalanes salieron a votar, el relato en positivo (sea real o ficción, eso ya empieza a dar igual) de una sociedad dinámica, joven y vitalista que lucha por ganar el derecho a decidir su futuro en libertad gana el pulso al retrato feo, estático y caduco de un Estado supuestamente represor al que cuando le fallan las porras y los policías recurre a una Justicia tuneada por la derecha y muy cuestionada en sus decisiones democráticas. Ese discurso está muy lejos de ser cierto, en realidad es una hipérbole, una caricatura más, ya que España no es ese país franquista que pretenden pintar los soberanistas, pero el truco siempre da resultado y gana cada vez más adeptos para la causa indepe. Además, en Europa no se entenderá que la Justicia española se emplee con mano tan dura contra un grupo de personas que solo pedían votar.
Mientras tanto, dos actores de reparto, Pablo Casado y Albert Rivera, más otro secundario nada despreciable, Vox, podrán seguir atizando con sus discursos agresivos y chirriantes y apelando a las esencias patrias, a la mano dura y a la cerrazón tan alejada de la razón democrática. Entre todos ellos darán oxígeno a los argumentos soberanistas. Quizá ya todo esté perdido y solo nos quede sentarnos en la puerta a ver cómo van pasando ante nuestros ojos las escuadras ordenadas de intransigentes de uno y otro bando.
