Nada ocurre por casualidad. Tampoco es producto del azar la polémica sentencia de las hipotecas que, tras ser debidamente revisada por el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha condenado a los miles de ciudadanos que compran una vivienda cada año a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, exonerando así a la banca. Si revisamos la secuencia de este thriller judicial comprobamos que la decisión, adoptada por los votos de 15 magistrados frente a 13, ha sido el lógico final de un guion que ya estaba previamente escrito y cuyo autor tiene nombres y apellidos: el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo.
En febrero de 2017 algunos jueces disconformes con la situación de la Justicia en España denunciaron ante el Relator Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas que se estaban produciendo “intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la judicatura en España”. La misiva, firmada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y Rights International Spain, señalaba directamente a Díez-Picazo al asegurar: “También resultó muy controvertido el nombramiento del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en julio de 2015, sin respetar los principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, en cuanto a la necesidad de que las personas nombradas sean íntegras e idóneas y con formación o calificaciones jurídicas adecuadas”.
Los denunciantes no solo cuestionaron la integridad e idoneidad del nuevo presidente de la Sala, sino que criticaron el hecho de que no se renovara a la persona que había desempeñado ese cargo con anterioridad y que “reunía con creces los méritos y requisitos”. Esa persona de trayectoria brillante a la que aludía la carta no era otra que el entonces presidente, José Manuel Sieira, un magistrado con 21 años de experiencia profesional en el alto tribunal y con un expediente impecable. La decisión de que fuera apartado del cargo dividió en dos bandos al Supremo y esa pugna intestina continuó hasta nuestros días. Juezas y Jueces para la Democracia recordó en su escrito que “no quedó debidamente justificada ni motivada la preferencia del candidato escogido”, apuntando de esta manera a la persona que supuestamente había tomado la decisión de no renovar a Sieira: el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lo que quedó de aquella disputa entre togados es que Lesmes, de conocido talante conservador, consiguió colocar a su hombre de confianza en una Sala tan estratégica como la de lo Contencioso-Administrativo. A ningún magistrado del Supremo se le escapó entonces que tras la maniobra estaba sin duda el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, que trataba de colocar a sus peones en el escalafón para controlar el Poder Judicial. No en vano, Lesmes fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 2000 y 2004, es decir, en el último Gobierno de José María Aznar.
La carta enviada por Juezas y Jueces para la Democracia al Relator de la ONU aseguraba además que el de Picazo no era el primer nombramiento bajo sospecha de ser teledirigido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Este no es el único caso: igual ausencia de criterios de mérito y capacidad han marcado el nombramiento de otros altos cargos de la judicatura”, aseguraba la carta, que destacaba de forma inquietante que “todos los nombramientos que han sido anulados por el Tribunal Supremo han sido, no obstante, ratificados nuevamente por el Consejo General del Poder Judicial”.
Pero la cosa no quedó ahí. Jueces para la Democracia recordó otro asunto polémico que ponía en entredicho la independencia del Poder Judicial: el acuerdo adoptado por el Pleno del CGPJ sobre la composición de sus comisiones, en particular de la Comisión Permanente, que es la que ostenta el poder real y efectivo del citado órgano. Contra ese acuerdo varios vocales interpusieron una demanda en noviembre de 2015 al no estar de acuerdo con el procedimiento de designaciones. En el escrito de queja se aseguraba que “no se habían respetado las reglas esenciales para la formación del órgano colegiado, que se impidió a los vocales de la minoría su derecho a proponer acuerdos y a elegir y a ser elegidos miembros de las distintas comisiones en la rotación anual y que se contravino la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Y el párrafo termina de una forma explosiva: “Lamentablemente esta manera de actuar ha seguido repitiéndose desde entonces”.
La colocación de Díez-Picazo al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no fue una cuestión superflua. Es en esa sección del alto tribunal donde se resuelven habitualmente los conflictos internos del Poder Judicial y otras cuestiones de Estado, como son los casos que afectan al Gobierno, a la economía en general y a la banca. El polémico nombramiento de Picazo sigue supurando heridas en el Supremo, ya que no son pocos los magistrados que consideran que no era el hombre adecuado para sustituir a Sieira. Si a su imprevista designación se une el hecho de que el bufete de abogados de su familia defendió a Cajasur en el caso de las cláusulas suelo –tal como publica Vozpopuli–, y que él mismo ha compatibilizado el cargo con la docencia en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), una escuela estrechamente vinculada a la Asociación Española de la Banca –según difunde la Cadena Ser–, la llama de la sospecha está prendida, con el consiguiente descrédito para la Administración de Justicia. Pese a que el mismo Díez-Picazo solicitó al Consejo General del Poder Judicial que le concediera permiso para impartir las clases en CUNEF, la cuestión que se plantea ahora, en medio de la indignación popular por la sentencia de las hipotecas, es si resulta moralmente asumible que un presidente de Sala del Tribunal Supremo pueda trabajar para una universidad protegida por la banca, esa misma banca sobre la que ahora ha tenido que tomar una decisión histórica
