Dentro de la planificación de rentabilidad de la operación de compra por un euro del Banco Popular, se encontraba el cobro de los créditos fiscales por valor de 4.000 millones de euros, según confirmó el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la presentación de resultados de 2.017.
Sin embargo, las dudas que está generando la operación por las publicaciones de este medio y por el contenido de la documentación desclasificada por la Justicia —tanto española como europea—, han provocado que el Ministerio de Hacienda haya decidido investigar las cuentas presentadas por el Santander para solicitar el cobro de esos créditos fiscales. Por tanto, el Gobierno tampoco se cree la operación y, antes de darle al Santander dinero público, se ha iniciado una investigación por parte de peritos de la Agencia Tributaria para verificar que las pérdidas que la entidad cántabra afirma que tenía el Popular son ciertas, según ha publicado La Información.
Según la entidad presidida por Ana Patricia Botín, el Popular acumulaba 12.000 millones en pérdidas. Las auditorías de las cuentas y las dudas generadas por Deloitte al afirmar que su informe se hizo de manera precipitada y sin datos, pueden ser la causa por la que la Agencia Tributaria ha puesto a un equipo de peritos a analizar esas cuentas.
Esta decisión, sin precedentes, demuestra el cambio de política económica respecto al Santander del gobierno. Mientras en la etapa de Luis de Guindos la entidad cántabra contaba con la protección y la connivencia de todos los organismos económicos, incluso planteando una operación para rescatar al banco a costa de la ruina de más de 305.000 familias, el cambio de Ejecutivo ha iniciado una investigación para decidir si tiene derecho o no a cobrar los créditos fiscales que ha solicitado. Sólo hay que recordar que cuando el año pasado el Santander reclamó 400 millones, nadie puso ningún problema para ello.
