La magnitud del escándalo por la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en referencia a la doctrina del pago del impuesto de actos jurídicos documentados ha eclipsado una noticia muy importante desde el punto de vista de la actuación del Alto Tribunal en referencia al Procés catalán: la suspensión de las funciones de los diputados catalanes en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Casi un centenar de ciudadanas y ciudadanos catalanes han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la suspensión de los diputados a los que votaron vulnera su derecho a la participación política en igualdad, recurso que ha sido admitido a trámite, según informó la Cadena SER, ya que se trata de un asunto de trascendencia constitucional.
El argumento para la admisión a trámite ha sido que si los recursos presentados por Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull fueron admitidos, el Constitucional no puede ignorar a los ciudadanos que les votaron que están absolutamente legitimados para presentar dicho recurso porque los magistrados estiman que sus derechos constitucionales pueden haber sido vulnerados.
La admisión, además, fue adoptada unánimemente y permitirá la revisión de la decisión el auto del Supremo por el que se suspendió de funciones a los representantes elegidos por el pueblo catalán que están imputados por el Procés.
