La sentencia de las hipotecas ha supuesto un antes y un después para la Justicia española. Los ciudadanos, como consumidores que se sienten engañados, han dicho basta ya ante los abusos bancarios y se han echado a la calle para mostrar su indignación. ¿Cómo calificaría usted el fallo del Tribunal Supremo, como un desacierto o mala gestión, un error judicial o simplemente un escándalo?
Ha sido un síntoma, pero la enfermedad ya estaba ahí y consistía en las potenciales injerencias externas en las decisiones de los tribunales. Eso es así porque el poder político tiene el control de la cúpula judicial como acabamos de ver estos días con el reparto de cuotas del Consejo General del Poder Judicial entre los principales partidos. En el caso concreto de la sentencia de las hipotecas hay que recordar que la sección competente en materia de tributos del Tribunal Supremo había considerado que el impuesto de actos jurídicos documentados tenía que ser pagado por el banco y lo hizo de manera muy razonable y muy bien explicada porque consideraba que el banco es el que se beneficia del hecho de que se haga una escritura pública y de que haya una inscripción registral. Por tanto, el impuesto grava eso: la documentación del acto. Y por eso el banco tiene que pagar el impuesto. Anteriormente se habían dictado infinidad de sentencias a favor de la banca que nadie las había cuestionado, todo el mundo las había acatado, y siempre se había respetado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero en este caso concreto, cuando ya había una decisión explicada y motivada y el presidente de la Sala –que forma parte de ese contexto de designaciones marcadas por el poder político y está muy cuestionado en su momento–, plantea que se rectifique esa decisión, y finalmente se rectifica fundamentalmente con su voto, la apariencia de que hay poderes externos, poderes políticos, poderes económicos, no solo se hace visible sino incluso evidente y la sociedad lo que percibe es que a veces la Justicia puede ser influenciada de forma externa. En ese sentido, por la rotundidad de esa consternación social ante lo que ha pasado sí que puede haber un antes y un después en la Justicia española tras esta sentencia.
Luego esas injerencias políticas en la Justicia existen…
Yo no puedo saber si en este caso concreto se han producido presiones directamente sobre los magistrados. Lo que sí quiero constatar es que la actuación del tribunal no tiene precedentes. Las avocaciones al Pleno se producen cuando hay discrepancias entre dos secciones diferentes dentro de un mismo tribunal. Aquí no las había porque solamente hay una sección competente en materia de tributos. Por tanto, desde el momento en que nuestro sistema institucional está diseñado para permitir presiones potenciales es lógico que se generen dudas y que la sociedad se muestre disconforme con lo que ha ocurrido.
En cualquier caso la desafección ciudadana está cundiendo, como demuestran las movilizaciones ciudadanas que se han producido en protesta contra la sentencia de las hipotecas. Algo funciona mal en el sistema judicial español, algo que es preciso reparar cuanto antes…
Me parece muy respetable que la ciudadanía proteste en el sentido que sea: puede protestar para defender lo que ha dicho el Tribunal Supremo o puede protestar para criticarlo. Yo creo que hay que aceptar que la Justicia es un poder del Estado y como todo poder puede estar sometido a crítica. Y en situaciones como esta, en las cuales hay dudas sobre la actuación correcta del propio tribunal y por las formas utilizadas, a mí me parece comprensible que se produzcan protestas.
¿Es ético o estético que magistrados del Tribunal Supremo impartan cursos para la universidad de la banca?
Estéticamente no es positivo, pero éticamente tampoco. Hay cuestiones que pueden generar perturbaciones, pero yo creo que en este caso se tendría que regular, precisamente por el principio de imparcialidad, que los magistrados no puedan ejercer actividades que formalmente puedan provocar sospechas de que su actuación no ha sido imparcial. Y por supuesto me parece evidente que un presidente de Sala del Tribunal Supremo no tiene ninguna necesidad ni económica ni profesional de dar estas clases y por ello puede quedar contaminado al poder percibirse una proximidad a una de las partes. Por eso creo que se debería ir a otro tipo de regulación de cuáles son las actividades que deben realizar los jueces.
¿Quién debería regular estas prácticas digamos “fuera del horario laboral…”?
Debería regularlo el Parlamento a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el capítulo de incompatibilidades porque en el ámbito deontológico sí que existe una regulación, que dice que los jueces, en sus actuaciones al margen de los tribunales, deben comportarse de manera que no se ponga en peligro su independencia e imparcialidad. Por tanto, no es suficiente con una regulación deontológica, sino que debe haber una incompatibilidad en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El cambalache, el pacto, el mercadeo entre PSOE y PP para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial tampoco parece muy edificante en una sociedad democrática…
Una Justicia controlada en su cúpula judicial por los políticos rompe con la propia idea de imparcialidad. No olvidemos que el Consejo es el máximo garante de la independencia de los jueces. Por ello es fundamental su neutralidad, sin que quede la más mínima duda, sobre todo en casos de gran relevancia pública. Pensemos que al Tribunal Supremo llegan casos de corrupción con políticos aforados, llegan temas tan sensibles como es el impuesto de las hipotecas o cuestiones de relevancia tan extraordinarias como el asunto del conflicto catalán. El Consejo de Europa nos está diciendo reiteradamente que nuestro sistema de independencia judicial no se adapta a los estándares europeos precisamente por eso, porque no sigue el mismo sistema de Consejo de Judicaturas de otros países de nuestro entorno. Y todo por culpa del sistema de reparto de cuotas y porque no se nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y de los altos tribunales con criterios objetivos. Claro, si no hay parámetros neutrales e imparciales y encima los parámetros son partidistas las decisiones luego también pueden serlo. Este es el problema. En otros países con Consejos de la Judicatura se sigue un sistema mixto que está regulado en la Carta Europea sobre derechos del juez, en diversas recomendaciones del Comité de Ministros y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos y que consiste en que al menos la mitad de los miembros del Consejo tienen que ser elegidos democráticamente por los jueces y la otra mitad por el Parlamento. Lo que se busca, yo creo que de manera muy acertada, es aceptar que no hay ningún poder sin límites que sea bueno, que todo poder por naturaleza tiende al abuso, sea el poder político o el judicial, y por eso ese sistema de reparto lo que busca es que haya un equilibrio de poderes y que haya espacios de vigilancia institucional con controles, con frenos y contrapesos. Eso es lo que se gestiona en otros países europeos y en general funciona. Aquí los políticos se reparten por cuotas la cúpula judicial, como si fuera una tarta, y ello no permite esos contrapesos; eso lo que hace es que las principales decisiones en materia de Justicia sean decisiones muy vinculadas al poder político.
Y en este caso, con el pacto PSOE/PP, además se han saltado los reglamentos porque se da a conocer el nombramiento del futuro presidente, el señor Marchena, antes de elegirse a los vocales. Es un procedimiento completamente anormal…
Es la ley orgánica la que dice que son los vocales reunidos los que tienen que elegir quién es el presidente. Y es lógico en cualquier sistema de separación de poderes que sean los integrantes del poder judicial los que nombren a la persona más preparada y más capacitada. En este caso los políticos ya han decidido quién será el presidente del Tribunal Supremo, sin dar ninguna explicación de por qué es el mejor o por qué es mejor que otros candidatos posibles. Simplemente se hace así porque es el mejor para los partidos, porque es el mejor para un pacto entre dos partidos. Si nos fijamos, esta es una decisión muy importante y si los vocales de este organismo, en su primera decisión, hacen lo que les mandan los partidos es una ingenuidad pensar que en otras cuestiones importantes no van a seguir haciendo lo mismo. Esto supone acabar con la propia noción de separación de poderes. Es un tema simbólico con tremendas consecuencias de fondo […]
*Este es solo un extracto de la entrevista completa que podrá leerse en el próximo número de Diario16 en papel.
