El día 5 de junio de 2.017, apenas veinticuatro horas antes de que Emilio Saracho declarase al Banco Popular como entidad inviable siguiendo las instrucciones recibidas de Uría y Menéndez, el Banco de España autorizó la concesión de una ELA (liquidez de emergencia) por un valor máximo de 9.500 millones de euros.
En un documento al que ha tenido acceso Diario16, además, se puede comprobar cómo esa concesión de la línea urgencia se hacía en base a la valoración positiva de la entidad tanto de la liquidez como de la solvencia, es decir, que el propio Banco de España determinó un día antes de que se declarara la inviabilidad que, precisamente, el Popular era líquido y solvente por lo que los argumentos dados para iniciar el procedimiento de resolución son falsos.
Este documento, junto con el informe interno del propio Banco de España en el que se afirmaba que el día 6 de junio el Popular disponía de, al menos, 600 millones de euros de liquidez, muestran cómo el Banco Popular fue resuelto y vendido por un euro sin ningún argumento que sostuviera esa decisión ya que era solvente, cumplía los mínimos regulatorios, disponía de liquidez y el Banco de España le hubiera dado más si no se hubiese producido la resolución que, por cierto, se había decidido cuatro días antes.
Popular no accedió a la totalidad de la ELA porque no se resolvieron por parte de Saracho de pequeños problemas de forma como entregar los documentos originales que mostraban las garantías para la concesión de esos 9.500 millones en vez de copias.
La línea de liquidez a la que optaba el Popular vencía el día 14 de junio, es decir, nueve días después de esta decisión de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, tiempo suficiente como para haber iniciado los trámites para una ampliación de capital y para ejecutar la venta de activos no estratégicos como WiZink y TotalBank que hubieran supuesto una entrada de, al menos, 2.500 millones de euros.
Sin embargo, no fue así y el plan pergeñado el día 3 de junio entre el FROB, la JUR y Saracho se llevó a efecto de manera casi milimétrica para implementar la estrategia de rescate al Santander y provocando la ruina de más de 305.000 familias.
