Las luchas políticas internas entre magistrados del Tribunal Supremo han terminado por contaminar la jurisprudencia final sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Los 15 magistrados (llamados conservadores) que finalmente impusieron la tesis de que debe ser el cliente del banco quien haga frente a los gastos ganaron la batalla a los 13 restantes (progresistas), que apostaban porque fuesen las entidades financieras las que corrieran en su totalidad con el impuesto de AJD. En realidad, más que un debate jurídico ha sido una batalla política que han terminado ganando los jueces tradicionalistas. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha permitido esta división en dos bandos, de forma que el Supremo ha devenido en una especie de “congresillo de los diputados” en miniatura. Así las cosas, el desprestigio del Alto Tribunal está servido y costará mucho tiempo recuperar su imagen de independencia e imparcialidad.
Las trifulcas ideológicas entre sus señorías que tuvieron lugar durante el Pleno de urgencia convocado los pasados días 5 y 6 de noviembre han quedado patentes hoy martes, tras conocerse el contenido de la sentencia final. Así, el bando ganador ha dejado constancia de que las tres sentencias dictadas en octubre ‒que daban la razón a los clientes, originando la controversia‒, suponían “un drástico viraje jurisprudencial”, modificando de forma “radical” el criterio imperante en los últimos 20 años: que es el consumidor quien debe correr con los gastos del impuesto en los préstamos hipotecarios.
Finalmente, hasta 12 magistrados han emitido votos particulares contra la sentencia final, plasmando en negro sobre banco su disconformidad, lo que demuestra el grado de división, y hasta de enfrentamiento personal en algunos casos, al que han llegado los magistrados de una y otra facción. Hoy, tras el feroz combate de las hipotecas, puede decirse que el Tribunal Supremo está absolutamente dividido y que han quedado muchas cuentas pendientes de cara a las sentencias futuras que deben dirimir los derechos de los consumidores frente a los bancos.
Los magistrados que han impuesto su criterio aseguran que los “progresistas”, por así llamarlos, pretendían imponer una jurisprudencia que “carece de justificación” y que podría llevar al “arbitrismo judicial”. Además, recuerdan que el Pleno de la Sala Tercera tiene competencias para rectificar la sentencia de la sección segunda, que fue la que cambió el criterio a favor de los consumidores. De esta manera, los “conservadores” envían un claro mensaje al bloque antagonista: todo aquella sentencia que se aparte de la jurisprudencia habitual podrá ser revisada y en su caso convenientemente rectificada.
Pero el tirón de orejas hacia los magistrados progresistas que se han atrevido a dictar un resolución demasiado alegre e innovadora no queda en lo profesional, sino que entra en el terreno personal al asegurar que los magistrados que fallaron a favor de los ciudadanos en las sentencias de octubre interpretaron la jurisprudencia vigente de forma “fragmentaria y parcial”, obviando todas las resoluciones que no les interesaban. Ha sido como calificar a los 13 derrotados como magistrados poco rigurosos y eso ha dolido al bando perdedor.
Que hay una guerra sin cuartel en el seno del Supremo ya no es solo una hipótesis de trabajo, sino una evidencia palpable que ha trascendido a los medios de comunicación y a la ciudadanía. ¿Y a partir de ahora qué? Pues harían bien los partidos políticos en tomarse en serio una reforma en profundidad del sistema de elección de los jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Europa ya le ha dicho a España, por activa y por pasiva, que si el nombramiento de los 20 vocales del máximo órgano de Gobierno de los jueces, y de su presidente, se sigue dejando al arbitrio de los partidos políticos (a través del Congreso y del Senado) la independencia judicial seguirá estando seriamente amenazada. Los jueces y magistrados deberían ser elegidos íntegramente por jueces y magistrados de carrera, de tal forma que se despejara cualquier sombra de politización de la Justicia. Lamentablemente, esta propuesta volverá a caer en saco roto. Y así hasta el próximo escándalo.
