Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Jordi Sànchez son los políticos presos catalanes que se encuentran en la cárcel de Lledoners. Omnium Cultural ha hecho pública una fotografía de los siete encarcelados, una imagen que debería avergonzar a la clase política española y que genera un verdadero desprestigio para nuestra democracia.
Ninguno de los políticos presos debería estar en Lledoners porque el agravio comparativo con otras personas de este país que ya han sido condenadas por delitos de corrupción es insostenible. Junqueras y el resto de políticos está en prisión porque la jueza Carmen Lamela determinó que había riesgo de fuga. Sin embargo, la Justicia española permitió que Iñaki Urdangarín se instalara en Suiza incluso después de haberse dictado sentencia o que Rodrigo Rato no ingresara en prisión hasta que se terminó el plazo.
En otro orden de cosas, que los políticos y políticas catalanas se hallen encarceladas a la espera de juicio por unos presuntos delitos que están en duda de que se hubiesen cometido es un escándalo internacional. Además, hay que tener en cuenta que, tal y como ya he expuesto el juez Fernando Presencia en estas páginas, la causa del Procés es nula por los errores en la instrucción del juez Llarena y porque el acta del nombramiento del magistrado para la instrucción del procedimiento está «falsificada». Llarena, incluso, llegó a acusar a los políticos catalanes presos de delitos que no están en el Código Penal.
Además, los pronunciamientos de las administraciones judiciales de distintos países de la Unión Europea rebaten los argumentos de la Justicia española en relación a que los encarcelados y encarceladas del Procés pudieran haber cometido los delitos de rebelión y sedición. Por tanto, sólo quedaría la acusación por malversación de fondos públicos, un hecho que la semana pasada sufrió un varapalo al confirmar la Guardia Civil que la Generalitat no financió ni subvencionó a Omnium Cultural para el referéndum del 1-O.
El mundo libre mira con estupefacción, no sólo que haya políticos presos por haber pretendido realizar una votación, sino que las sospechas de que estas personas no van a tener un juicio justo o que la Justicia española está buscando una condena ejemplarizante, provoca un desprestigio de nuestro sistema democrático que es insostenible.
