Las informaciones publicadas por Diario16 en los pasados días han cerrado el círculo que desentraña los aspectos más importantes que tumban la estrategia de quienes piensan que, en primer lugar, el Popular debía ser resuelto y, en segundo término, de quienes pretenden exculpar a Emilio Saracho de su responsabilidad en la caída de la sexta entidad financiera del país.
El Banco Popular era solvente, eso es algo que han reconocido casi todas las autoridades, tanto españolas como europeas. Por lo tanto, la declaración de inviabilidad que Saracho remitió al BCE no tenía sentido puesto que dicha solvencia hubiera sido garantía suficiente como para haber obtenido más liquidez de emergencia por parte del Banco de España (BdE) y del BCE. Sin embargo, hubo quien no presentó las garantías de las que disponía y las que sí entregó tenían defectos de forma, tal y como se indica en el informe del BdE presentado en la Audiencia Nacional. De haber entregado dichos colaterales correctamente el Popular habría accedido a una ELA de 9.500 millones, lo que habría reforzado su liquidez. Sin embargo, no se hizo nada.
El Banco Popular tenía liquidez suficiente para poder continuar con su actividad el día 7 de junio. Así lo indicó el mismo documento del Banco de España. En concreto, contaba con 600 millones de euros, lo que habría permitido haber recibido la línea de emergencia y ganar tiempo para ejecutar las operaciones que Saracho tenía paradas. Sin embargo, no se hizo nada.
Lo anterior incide en el hecho de que el Popular habría dispuesto de tiempo suficiente para iniciar la ampliación de capital que se estaba negociando con Deutsche Bank (aunque Saracho quiso paralizarla con su carta al presidente del banco alemán publicada en Diario16) o para vender activos no estratégicos como WiZink o TotalBank para los que también había ofertas.
Sin embargo, el artículo de ayer de Manuel Domínguez Moreno, cerró el círculo de las actuaciones de Saracho. Tal y como hemos podido comprobar en las cartas que remitió tanto a Elke König como a Daniele Nouy, los datos que transmite a Europa son absolutamente subjetivos y nada que ver con los presentados en el Consejo de Administración del 18 de mayo de 2.017, en el que se indicó claramente que el Popular estaba siendo monitorizado. Por este hecho la resolución es un hecho más grave de lo presentado hasta ahora puesto que se realizó en base a lo que Saracho indicaba a la JUR o al BCE, no sobre los datos reales y objetivos.
Un afectado nos indicaba que «Así es como se maneja Europa en todos sus asuntos de forma apresurada y sin comprobar nada … Si Saracho les dice que se tiren por la ventana, se tiran».
Por tanto, hay una clara responsabilidad en la gestión ya que la situación del Popular era consecuencia, precisamente, de la negligencia de Emilio Saracho quien no buscó soluciones, sino que se ciñó al plan. En esos días desde que recibe las instrucciones de Uría y Menéndez hasta la resolución y venta de la entidad por un euro, se pudo haber revertido la situación pero no se hizo nada. Se permitió la salida de activos de organismos públicos que recibieron, presuntamente, información privilegiada de quienes disponían del conocimiento de lo que iba a ocurrir el día 7 de junio; se impidió el acceso a la totalidad de la línea de liquidez por presentar garantías con defectos de forma o de ocultar otras que se podrían haber entregado; no se cerraron los acuerdos para ampliar capital o para vender activos; no se transmitieron datos objetivos; la JUR actuó en base a su plan a pesar de estar monitorizando al Popular. Por tanto, el círculo se ha cerrado. Ahora le toca a la Justicia.
