“Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” es una empresa de edición, distribución y venta de libros especializados en Ciencias Jurídicas, constituida en el año 2014 por el Catedrático de Derecho Procesal y abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano (amigo de Manuel Marchena) quien figura formalmente en el Registro Mercantil como administrador único de la sociedad.
Sin embargo, esta empresa editorial se dedica casi en exclusiva a la edición y publicación de los libros escritos por tres de los miembros de su Consejo Editorial, del que, además de González-Cuéllar, también forman parte, entre otros, el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez.
Se podría decir que, a pesar de aparecer formalmente a nombre de uno de ellos, “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” podría ser una empresa editorial con tres propietarios reales (Nicolás González-Cuéllar, Vicente Gimeno Sendra y Manuel Marchena) convertidos cada uno de ellos en editores de sus propias publicaciones. De esta manera, al ser cada uno de ellos editor de su propia obra, no tendrían que repartir con nadie más el beneficio derivado de la publicación con lo que, además de autores, se convertirían en empresarios y editores, ingresando, por tanto, cada uno de ellos mucho más beneficio por cada edición.
El problema estaría en que Manuel Marchena, si bien puede ser autor de libros y puede celebrar sobre ellos contratos de edición, no puede ser su propio editor por ser miembro de la carrera judicial.
El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave, pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial, el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del consejo editorial de una empresa de edición.
La actividad mercantil de la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna”, de la que Manuel Marchena Gómez figura como miembro de su Consejo Editor y también como marca de su actividad mercantil, es absolutamente incompatible con la carrera judicial, teniendo en cuenta que esta empresa editorial se constituyó para editar y publicar los libros de los integrantes de su consejo editorial, y entre ellos los libros del propio Marchena (según figura en la pestaña “tienda online” de su página web) escritos todos ellos en colaboración con el administrador único de la empresa editorial, Nicolás González-Cuéllar Serrano, miembro también de su consejo editorial.
Por esta misma razón, por llevar a cabo “una actividad empresarial en toda regla” fue expulsado de la carrera fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado Sebastián Gómez Marfil.
Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que Manuel Marchena (procedente también de la carrera fiscal) ha utilizado la figura de miembro del consejo editor para vincularse mercantilmente con una empresa editorial. Según el periódico digital eldiario.es, lo hizo también cuando fue miembro del consejo editorial de Vocento (vinculado a la fundación FAES de José María Aznar) participando en la redacción de los editoriales del grupo.
