Decíamos ayer que, a la vista de la información de la que hemos ido disponiendo y de los documentos que han ido apareciendo en las últimas semanas, hay varias cosas que hoy sabemos con absoluta certeza y que podemos poner en orden, pues aquí están las primeras:
- Que la retirada de fondos de los clientes se produjo entre abril y la resolución del Banco el 7 de junio.
- Que la causa principal de la salida de depósitos fue la comunicación de noticias negativas y filtraciones off the record constantes, el gráfico elaborado por los técnicos del banco sobre evolución de liquidez comparada con la de la acción delata que las salidas de depósitos de abril y mayo se deben a la mala comunicación y no a las caídas de rating, que sí pudieron influir en las salidas de junio de las administraciones públicas.
- Que esa política de comunicación no sólo provocó la caída de la acción, sino que cuando la acción enderezó su rumbo al saberse de la entrada en el capital de un inversor chileno, las filtraciones de noticias negativas tumbaron esa subida de la acción y aceleraron la salida de depósitos.
- Alrededor de 000 millones de euros salieron en dos meses, entre abril y mayo, reduciendo por debajo de 3.000 millones el límite de reservas de liquidez que el banco se había autoimpuesto.
- Después de las declaraciones de la presidenta de la JUR a finales de mayo, la salida de depósitos se intensificó en los primeros días de junio, hasta 9.000 millones, de los que 6.000 millones fueron retirados por las Administraciones Públicas españolas.
- Sorprendentemente, el banco no solicitó, pese a ser solvente y reunir los requisitos para ello, la línea de liquidez de emergencia hasta el día 5 de junio. Sabemos ahora que el Banco de España dice que no se aportaron garantías suficientes, pero que el día 6 todavía había 600 millones en caja y podía solicitar 4.000 millones más.
- Hay que recordar que, sorprendentemente también, en las actas de consejo de mayo, Saracho llegó a decir que había que prepararse para solicitar la ELA, pero que creía que ese día no había llegado, ni iba a llegar; y que la remisión de documentación a la JUR entraba dentro de lo normal y que la JUR no estaba preparada para intervenir un banco solvente y con liquidez.
Tras todo esto que vamos conociendo, podemos ratificar nuestros argumento del primer momento:
- No hay soporte legal alguno para cuestionar la ampliación de capital de 2016. Hacerlo utilizando el beneficio de la retrospección es contrario al derecho. Es imposible encontrar conexión alguna entre la ampliación de capital de 2016 y la resolución de un banco por problemas de liquidez un año más tarde y con administradores diferentes;
- Ni el BdE, ni el BCE, ni el Santander, ni PwC han cuestionado la veracidad de las cuentas de 2016.
- Las autoridades han confirmado la solvencia del Banco (BdE, JUR y BCE) y su resolución por un problema de liquidez.
El procedimiento de resolución es inadecuado para un banco solvente, y la utilización de un procedimiento de liquidación para valorar el Banco destruye valor tanto en el caso del Popular como de otra institución cualquiera. Se trata de una ficción -el Banco nunca se liquidó-, y se traspasó con todo su patrimonio al Santander (10.777 millones de euros) por un euro, permitiéndole al Santander hacer los ajustes que quiso contra el patrimonio de los accionistas.
