El Plan de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Congreso de los Diputados contempla un techo de gasto de 125.064 millones, un 4,4% más que en 2018. La medida supone dejar atrás la senda de la austeridad que impusieron los gobiernos de Mariano Rajoy por orden de Bruselas, ya que el objetivo de déficit pasará del 1,3% del PIB al 1,8%. Este importante aumento de la inversión permitirá que las Administraciones Públicas –comunidades autónomas y ayuntamientos– puedan disponer de unos 6.000 millones de euros más, “lo que debe redundar en beneficio de los ciudadanos”, según informaron fuentes del sindicato UGT. El Plan de Estabilidad permitirá destinar 2.500 millones de euros más al desarrollo de políticas competencia de las comunidades autónomas, las administraciones más próximas a las necesidades de los ciudadanos. Este dinero permitirá mejorar, por ejemplo, los programas de fomento del empleo y también la ayuda a las personas dependientes.
El plan de inversión pública del Gobierno socialista pretende abrir un nuevo camino. Atrás quedan las políticas de recortes que han causado tanto sufrimiento a la población. Con la excusa de que era necesario destinar más de 60.000 millones de euros al rescate de la banca, la sociedad española es hoy más pobre que hace diez años, la desigualdad se ha disparado, la precariedad laboral ha alcanzado tintes de auténtica pandemia de explotación laboral y el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo afecta a los colectivos más vulnerables, como los pensionistas. El plan de Sánchez tiene como objetivo superar el modelo económico basado en los bajos costes salariales, en el abandono de la investigación y la innovación en tecnologías y en la escasa formación de los trabajadores en un mercado precario y sin derechos. El documento es sin duda una buena noticia para las clases más desfavorecidas y castigadas por la crisis pero este tipo de políticas sociales cuenta con poderosos enemigos que ya están pensando cómo contrarrestarlas para dejarlas sin efecto.
En primer lugar está Bruselas. La Comisión Europea ya ha advertido a Sánchez de que su borrador presupuestario para 2019 podría incurrir en un “riesgo particularmente grave de no cumplimiento” de los objetivos de déficit. Las elites europeas no van a permitir por tanto que el Gobierno español se salga de la senda de austeridad, y mucho menos después de que Italia haya plantado cara a la UE, amenazándola con desobedecer sus directrices para aumentar su techo de gasto de forma unilateral.
En segundo término, Sánchez se enfrenta a otro poderoso enemigo: el Fondo Monetario Internacional que impone sus circulares e informes económicos al Banco de España. Este organismo ha ya avisado al Gobierno español de que insistir en aumentar el salario mínimo interprofesional y garantizar la revisión de las pensiones según el IPC perjudicará la recuperación económica en nuestro país. El propio presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, ha asegurado en los últimos días que la derogación de la reforma laboral del 2013 supondría un “empleicido”, es decir, un crimen para el empleo.
El tercer grupo de enemigos que pretenden impedir que Sánchez aplique su programa social son sin duda la patronal, la banca y la oligarquía financiera española, siempre apoyada por las derechas. De los discursos de Pablo Casado, líder del PP, y de Albert Rivera, de Ciudadanos, se deduce que ambos partidos están abiertamente en contra de las políticas sociales planteadas por el presidente del Gobierno. Los dos se han situado definitivamente al lado de estas elites siempre alérgicas cuando se trata de aplicar medidas sociales que mejoren la vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que menos tienen.
Y por último no nos olvidemos de los independentistas catalanes de Quim Torra y Carles Puigdemont, que ya han anunciado su voto en contra a los presupuestos de Sánchez mientras el Gobierno no autorice un referéndum de autodeterminación para Cataluña (algo que el jefe del Ejecutivo español no puede hacer porque cometería un delito). La posición del Govern de Torra es lógica por otra parte, ya que defiende los derechos de la burguesía catalana de toda la vida y cualquier medida socialdemócrata choca directamente con su ideario político. De modo que Torra tiene la excusa perfecta: sin independencia no hay presupuestos, por mucho que el plan del Gobierno socialista alivie el sufrimiento de miles de catalanes.
Con semejante ejército de todopoderosos poderes fácticos en contra, el plan de Sánchez de avanzar hacia la cohesión social para reducir la desigualdad y la precarización del mercado laboral está abocado al fracaso. Y así, acechada por elites de diversa índole política y económica, es como se termina de enterrar lo poco que queda ya de la socialdemocracia española. El siguiente capítulo en la trágica crisis del sistema democrático ya sabemos cuál es: el ascenso de la ultraderecha al poder. Quizá sea eso lo que unos y otros van buscando.
