Diario16 ya ha demostrado con documentos que las valoraciones realizadas por Deloitte y por la JUR no se correspondían a la situación real del Banco Popular y por la que el día 7 de junio de 2017 fue intervenido, vendido al Santander por un euro y, como consecuencia de ello, se dejó en la ruina a más de 305000 familias. Esos documentos obran en poder de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, existe mucha documentación que se está ocultando tanto por las instituciones europeas implicadas en la operación como por los organismos españoles. Hay que recordar que hubo una fuerte oposición por parte del propio Santander y de las administraciones económicas a que el juez Fernando Andreu desclasificara documentos entre los que se encontraba, por ejemplo, el informe del Banco de España en el que se reconocía que el Popular sí que disponía de liquidez para poder funcionar con normalidad y que se habría podido acceder a 4.500 millones de liquidez de urgencia si Emilio Saracho hubiese presentado documentación original y no fotocopias.
Por lo tanto, hay información crucial que se está ocultando a los afectados y a la Justicia, sobre todo en Europa. Las razones dadas para argumenttar esa opacidad no son otras que las que se encuentran plasmadas en el argumentario que el despacho Linklaters, donde trabajó el actual presidente de la CNMV.
Distintas asociaciones de afectados del Popular confirman a Diario16 que «ya no saben qué hacer ni qué decir para mantener ocultos documentos que son públicos per se. En los últimos mails de los organismos que participaron en la resolución, tanto JUR, BCE, FROB, Defensor del Pueblo Europeo, Comisión Europea estamos contemplando cierta desesperación en no saber qué contestar a las peticiones que se les están haciendo. Es una presunción, pero indica que no saben por dónde salir», nos confirma un afectado.
Desde luego, lo que más sorprende es que entre esos argumentos sigan insistiendo en que deben proteger los intereses comerciales del Santander, puesto que, una vez que finalizó el proceso de resolución, esa protección puede ser catalogada por un tribunal como encubrimiento, dado que en ningún momento se ha hecho pública, por ejemplo, la documentación que acredita que el procedimiento de resolución cumplió la legalidad y se realizó de acuerdo con el cronograma y los criterios de venta que marcaron tanto la JUR, como el FROB. Tampoco se ha hecho público el documento de la oferta vinculante del Santander.
El BCE tiene en su poder otra documentación que va más allá de las evaluaciones de la JUR y del que hasta ahora no se conocía su existencia. ¿Esta es la transparencia de las instituciones europeas? Ocultar documentación a los ciudadanos y a los tribunales de la Unión Europea va en contra de los propios derechos reconocidos en los Tratados de la UE por más que el BCE se quiera escudar en distintas resoluciones, excusas que, en realidad, no tienen más finalidad que retorcer la normativa para proteger al Santander y mantener ocultas las verdaderas intenciones de la operación que terminó con la ruina de más de 305.000 familias.
Según el BCE, se está negando el acceso a una documentación que es fundamental para poder hacer un uso efectivo de, entre otros, el derecho a la defensa, «por la necesidad de proteger sus procedimientos [del BCE] supervisores (y para darles una protección similar a la proporcionada en los procedimientos de competencia)». ¿En esos documentos está en juego la seguridad de la Unión Europea? Evidentemente, no. ¿Qué está en juego realmente? El conocimiento de los datos de supervisión del Santander y la demostración de que la entidad cántabra se encontraba en una situación límite (sus propias cuentas demostraron un agujero de 8.000 millones de euros por el cambio de divisas) y que precisaba de una operación corporativa rentable, sin coste, rápida y efectiva.
Tras esta explicación en la que se demuestra que lo que realmente se están intentando proteger los intereses comerciales del Santander porque, según el BCE, divulgar el documento provocaría que se difundieran los datos de posición de capital y de liquidez de la entidad cántabra, además de las valoraciones de supervisión. «La publicación de esta información y de las valoraciones supervisoras correspondientes podría perjudicar a la metodología supervisora y a la estrategia empleada por las autoridades competentes».
Por tanto, ¿qué ocultan Europa y España a los afectados del Popular? Los propios argumentos ya están dando una idea de en qué consiste esa información que, llegado el momento, tendrán que hacer pública si la Justicia, sobre todo la europea, llega hasta el final, momento en el que tendrán que responder por lo que hicieron.
