La difusión del caso Thesan en medio de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en el asunto del caso Popular, pretende, en nuestra opinión, desviar la atención sobre el expolio sufrido por 305.000 accionistas que se han visto privados de un patrimonio de más de 10.700 millones de euros y trasladarla a un asunto que, de ser cierto, tendría un impacto absolutamente menor sobre el patrimonio confiscado.
Este asunto pretende confundir a la opinión pública, apartando la atención de los verdaderos beneficiarios de la confiscación de un enorme patrimonio y tratando de ponerla sobre unos directivos, a los que atribuyen haber gestionado presuntamente algunos créditos con la intención de ocultar provisiones, lo cual parece no tener fundamento alguno.
El Fondo Thesan gozaba en el período 2011-2014 de alta reputación como consultora y, además, como compañía especializada en la adquisición, gestión y venta de empresas en crisis. En dicho período de tiempo, Popular aceptó las propuestas económico-financieras de Thesan que, en todos los casos, iban acompañadas de un detallado plan de negocio para que dicha compañía comprara determinadas empresas en crisis, clientes del Banco Popular.
Esas empresas adquiridas por Thesan provenían de diversos sectores de actividad y tenían riesgo financiero con la entidad. En alguno de los casos, el banco había adquirido una parte del capital, pero, lo controlase o no, además, era uno de los acreedores; por lo cual tenía mucho que decir sobre el futuro de las compañías.
Según hemos podido saber, en todos los casos había fuertes discrepancias con los gestores de las compañías, a los que se achacaba que no siempre gestionaban con el propósito de mejorar los beneficios de las compañías. En definitiva, se trataba de compañías endeudadas, con un patrimonio con alto valor.
Si se trataba de compañías con potencial de mejora, en varios casos con una gestión manifiestamente mejorable y que podía amenazar potencialmente la reputación del Banco, parece razonable que el Popular buscase nuevos gestores interesados en hacerse con las riendas de la compañía con nuevos planes de negocio. Hay que subrayar que, en algún caso, existían plantillas con algunos cientos de trabajadores, lo que también era algo a tener en cuenta para una entidad cuyos principales clientes eran pymes.
Thesan negoció con dureza las condiciones de compra. El Popular accedió porque la profesionalidad de los gestores y los planes de negocio presentados les parecían mejores que dejarlos en manos de los gestores de las compañías que parecían llevarlas al fracaso, con evidente riesgo económico, reputacional –como decíamos- y para los trabajadores, en contra de lo que se ha insinuado en algunos medios próximos a Emilio Saracho, el Popular jamás creó vehículo alguno para estas compras de empresas, pues Thesan existía y se dedicaba a esto con alta reputación.
A este respecto, de la documentación disponible, se comprueba que Thesan creó distintas compañías, denominadas en el argot “special purpouse vehicles” o SPV´s, para la mejor gestión de las empresas compradas. Dichas “SPV” son compañías de derecho luxemburgués, Estado miembro de la Unión Europea y de la Eurozona y donde están radicadas múltiples fondos de inversión y compañías de todo tipo. Luxemburgo no es un paraíso fiscal y, por tanto, Thesan tenía todo el derecho a constituir las compañías que considerase necesarias para la mejor gestión de las empresas adquiridas.
Hoy en día, desde Luxemburgo operan más de 1.200 fondos de pensiones o de inversión y alberga más de 10.000 holdings y grupos empresariales. Multitud de empresas y fondos de inversión han operado y operan desde Luxemburgo y han participado en múltiples operaciones en nuestro país ya fueran inmobiliarias o de compra de créditos fallidos, por ejemplo.
Se ha especulado mucho también en cuanto a la presunta opacidad de las compañías compradoras de las empresas en cuestión creadas por Thesan. Se pretende trasladar a la opinión pública como algo oscuro y excepcional, lo que es práctica habitual en la gestión empresarial. Muy mal lo deben de ver para sus intereses los beneficiarios y urdidores de la trama diabólica que acabó con la ruina de cientos de miles de accionistas, que emplean argumentos que se diluirán como azucarillos en el agua, en cuanto los directivos del Banco sean llamados y aporten las pruebas que dicen tener.
Según hemos podido conocer de los gestores del Popular en aquel momento e incluso de los que han continuado después, el Banco Popular puso a disposición del Banco de España, de Hacienda y de los Tribunales de Justicia las denominadas “actas de titularidad real” (quiénes eran los dueños) de las compañías constituidas por Thesan. Pero no se trata de un caso excepcional, los gestores del Banco solicitaron a Thesan lo que a cualquier otro acreditado o cliente en cumplimiento de la legislación vigente, en especial la de prevención de blanqueo de capitales. Por ello, también facilitaron al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) toda la información preceptiva. Insisten en dos cuestiones: nunca hubo ocultamiento de ningún tipo, ni siquiera hubiese podido darse, pues las operaciones de las compañías eran suficientemente relevantes, de tal manera que todas eran conocidas desde su origen por los inspectores del Banco de España y del Banco Central Europeo, por lo que en todo momento pudieron conocer y conocieron, dicen los directivos consultados, la información relativa a los propietarios reales de las sociedades de derecho luxemburgués en cuestión y la situación de las operaciones que les afectaban.
Para los directivos que gestionaban estos clientes, el objetivo de estas operaciones era diáfano: conseguir la mejora de su gestión y que ello se tradujera en un aumento de su valor, de tal forma que, mediante la venta de las compañías o de sus activos aislados al mejor precio posible, el Banco recuperara el máximo de sus créditos, incluso incentivando a los gestores para que optimizasen el valor de las compañías, cuyos anteriores gestores no parecían los mejores para las compañías.
Dicen con firmeza los directivos que el Popular hizo en todo momento las dotaciones necesarias exigidas por la normativa en relación a los créditos concedidos a las compañías compradas por Thesan, por lo que acusan de la existencia de otro intento de oscurecer y desviar la atención.
Además, insisten, en que el Banco de España y el Banco Central de nuevo Europeo dispusieron de toda la información correspondiente a dichas operaciones, como no podía ser de otra manera.
Finalmente, de la información que ha circulado se deduce la pretensión de vincular al Popular con el caso del despacho Numaria, implicado también en las cuentas abiertas en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossac Fonseca.
Los directivos del Popular están particularmente irritados con este asunto. Algunos socios de Thesan están envueltos en la causa penal que afecta al bufete de abogados español Numaria por un presunto delito fiscal. Los directivos dicen que el banco jamás contrató los servicios profesionales de dicho bufete de abogados, siendo dicho despacho, al parecer, el contratado por Thesan para su propio y particular asesoramiento. Igualmente dicen que debe quedar claro que el conocimiento de la existencia del procedimiento penal indicado se produjo durante el año 2015, siendo de finales del año 2014 las últimas operaciones de Thesan con el Popular. O sea, un nuevo intento de oscurecer para que nadie mire hacia los únicos y verdaderos responsables del «atraco» realizado a los dueños del Popular, sus antiguos accionistas.
