Ana Patricia Botín no para de recibir malas noticias judiciales, tanto en España como en el extranjero. La más importante, quizá, haya sido la imputación por parte de la Audiencia Nacional por «la sucesión procesal por fusión por absorción de sociedades, teniendo por dirigido el presente procedimiento contra Banco Santander S.A.». Lo que parecía en un principio que no era más que un movimiento lógico del juez Calama Teixeira, consecuencia de la desaparición de Banco Popular una vez que se ejecutó la fusión por absorción por parte del banco presidido por Ana Patricia Botín, se puede convertir en la causa por la que el magistrado empiece a dictar las medidas cautelares que Andreu no aplicó y que, como bien afirmó el juez Elpidio Silva, deberían haberse adoptado desde el principio, medidas que se podrían concretar en la imposición de una fuerte fianza, tal y como han reclamado algunos despachos independientes y sin conflicto de interés con la entidad cántabra o asociaciones de afectados a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Esta posibilidad se fundamenta en el hecho de que cuando un juzgado imputa penalmente a una persona física o jurídica (o investiga, según la última reforma de Rafael Catalá) es porque hay indicios sólidos y objetivos de la comisión de un presunto delito. Por tanto, la imputación del Santander podría llevar al juez Calama a exigir una cantidad de fianza para que el banco cántabro sepa a cuánto se expone a tener que provisionar para hacer frente a los perjuicios que la comisión de ese presunto delito haya podido provocar. Por ejemplo, la Asociación Independiente de Afectados del Popular presentó un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción solicitando una fianza de 21.631 millones de euros.
Sin embargo, las consecuencias de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional van más allá. En el caso de que el juez rechazara los recursos que presentará el Santander a través de su despacho Uría y Menéndez, el banco cántabro se expone a que muchas grandes empresas retiren sus depósitos de manera inmediata porque están obligadas a cumplir con sus códigos de responsabilidad corporativa (RSC). Eso supondría una reducción de liquidez de varios miles de millones de euros.
Desde luego, con la línea de defensa que prepara Uría, atendiendo a la jurisprudencia creada con la venta de Banco de Valencia a CaixaBank, según distintas fuentes legales consultadas por Diario16, no van a conseguir levantar la imputación y, por lo tanto, se podría dar el mismo caso que con el Popular y la retirada masiva de liquidez.
A todo esto hay que añadir la multa de la CNMV, la sanción millonaria de la FCA británica por retener durante años depósitos de clientes fallecidos o la desclasificación de documentación de Andreu, por citar algunos de los últimos varapalos que se ha llevado el Santander.
Por tanto, si el banco presidido por Ana Patricia Botín ya ha alcanzado acuerdos extrajudiciales con algunos clientes del Popular afectados por la resolución, ha llegado el momento de que, según informó el propio banco al diario Expansión, comience a contactar con las más de 305000 familias arruinadas para hacer caso al defensor del pueblo y terminar con este capítulo negro de la historia económica española.
