Tal y como indicábamos ayer, el día 5 de junio de 2017 el Banco Popular remitió una carta a Daniele Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, en la que Emilio Saracho quería ponerse en valor para intentar demostrar a Europa que su gestión estaba siendo la correcta. Sin embargo, el ex presidente de la sexta entidad financiera española omitió muchos aspectos o, directamente, no dijo la verdad de lo que en realidad estaba sucediendo. En el artículo de ayer pudimos comprobar cómo mintió respecto a las ampliaciones de capital.
Con respecto a la liquidez, Saracho afirmaba lo siguiente: «El asunto más crítico que enfrentamos es la liquidez. La última información disponible muestra un mayor deterioro de la posición de liquidez, lo que ha provocado que el banco reduzca la actividad crediticia en la medida de lo posible, y que solicite asistencia de liquidez de emergencia (ELA) al Banco de España, que ha sido muy colaborativo. Hemos hecho algunos avances en este frente, aunque creemos que los importes a los que hemos llegado no son suficientes».
Según el citado informe del Banco de España, el Popular, además de disponer de liquidez suficiente el día 7 de junio para poder abrir las sucursales y operar con normalidad, había cometido un error de forma al presentar las garantías para poder acceder a 4200 millones de euros más de liquidez de emergencia. En concreto, el Banco de España exigía documentación original dado que lo que se había entregado eran copias. Este hecho fue confirmado por Javier Alonso, subgobernador del supervisor, cuando afirmó, apenas dos semanas después de la resolución, que el Popular «tenía potencialmente más garantías de las que presentó, pero si no las trajo… […] las [garantías] que no se presentan al Banco de España es como si no existieran».
Esta no presentación de la totalidad de garantías de las que disponía el banco para lograr una mayor liquidez de emergencia fue ocultada por Saracho a Europa, tal y como se puede ver en el contenido de la carta enviada a Daniele Nouy.
Esta carta se envió, además, después de la salida masiva de depósitos por parte de los organismos públicos, de la que Saracho era consciente puesto que a lo largo del día estaba siendo informado de las órdenes de traspaso que se iban recibiendo en la entidad.
Mientras se enviaba esa carta, Saracho ya estaría preparando su intervención ante el Consejo de Administración del día siguiente en el que declararía la inviabilidad e iniciaba el proceso de resolución, un proceso que se llevó a efecto con puntualidad británica siguiendo el cronograma definido por la JUR y el FROB cinco días antes de la intervención.
