El informe del Alto Comisionado de Naciones Unidad para Venezuela (ACNUDH) concluye que la situación en el país es consecuencia de una combinación de políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno chavista durante la última década, como el control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros. Estas medidas han generado “niveles críticos de escasez alimentaria” en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado.
“De acuerdo a la información disponible, la desnutrición de los niños menores de cinco años aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad y la calidad de los alimentos que consumían”, asegura el informe de Naciones Unidas. Además, miles de familias han recurrido a estrategias de supervivencia, como vender sus objetos de valor, enviar a un miembro de la familia al extranjero o buscar comida en las basuras.
El ACNUDH también observó que la escasez de alimentos tenía un impacto desproporcionado en las mujeres, uno de los colectivos más castigados por la grave crisis económica e institucional del país. Después de ellas, los niños son los que más están sufriendo las consecuencias del desabastecimiento. “Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda, debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria. Además, los programas sociales establecidos por el Gobierno se habían instrumentalizado para obtener beneficios políticos y reforzar el control social”.
El informe de ACNUDH constató que, dado que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, “no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales”.
Los expertos de ACNUDH han formulado dos recomendaciones destinadas a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y otras 30 a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de abordar las graves violaciones de los derechos humanos documentadas en el informe y de evitar que el sistema se siga degradando. Las recomendaciones incluyen, a la vez, medidas que deberían ponerse en práctica inmediatamente y reformas encaminadas a resolver los problemas estructurales que han permitido que se cometan violaciones de los derechos humanos.
El ACNUDH sigue solicitando el acceso pleno y sin restricciones a la República Bolivariana de Venezuela a fin de realizar “una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en este país” y está dispuesto a entablar un diálogo con el Gobierno, que comprende la cooperación técnica.
Sin embargo, Maduro sigue firme en sus posiciones y de momento no ha permitido la entrada de los camiones con ayuda humanitaria al país. Unidades del Ejército Bolivariano han cortado las principales ruta de acceso a Venezuela tras considerar el líder chavista que “no es necesaria” la llegada de alimentos y medicinas del exterior. Por su parte, la ONU ha hecho un llamamiento para “despolitizar” la cuestión de la ayuda humanitaria en Venezuela en medio del debate sobre si el Gobierno de Nicolás Maduro permitirá que los cargamentos enviados por gobiernos extranjeros entren en la nación caribeña para paliar la grave falta de comida y medicamentos.
