En un comunicado de prensa al que ha tenido acceso Diario 16, ACODAP, la asociación que está denunciando a los jueces y fiscales sospechosos de corrupción ha hecho público que su representante legal, el juez Fernando Presencia, acaba de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de inhabilitarle por segunda vez, evidenciando que ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien se ha negado a dar cumplimiento a la sentencia condenatoria firmada por el mismísimo Tribunal Supremo.
Como señala el comunicado al que ha tenido acceso Diario 16, la especial transcendencia constitucional del recurso de amparo que han presentado los abogados del juez Presencia se basa “en una circunstancia hasta ahora inédita en el panorama de nuestra jurisprudencia derivada del hecho de que, por primera vez en la historia de las relaciones jurídicas entre el Alto Tribunal y el Órgano de Gobierno de los jueces en España, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha negado a dar cumplimiento a una sentencia de inhabilitación de un magistrado ordenada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
Sigue diciendo ACODAP en su comunicado que el acoso al que está siendo sometido el magistrado denunciante de corrupción demuestran de un lado “un evidente exceso punitivo al tratar de castigar en procedimientos penales diferentes y consecutivos dos delitos de prevaricación judicial dolosa (con una pena total de 20 años de inhabilitación, 10 años por cada uno de ellos) cuando deberían haber sido enjuiciados en un único procedimiento como un solo delito continuado de prevaricación judicial” lo que además le hubiera permitido defenderse a la vez de ambas acusaciones, en la que se considera que es “la mayor condena por prevaricación impuesta a un juez en toda la historia de nuestra democracia reciente”.
La misma asociación señala “la manifiesta aberratio iuris que se ha producido al expulsar por segunda vez de la carrera judicial a quien ya había sido expulsado con anterioridad por el mismo Tribunal, quedando imposibilitado de facto el Consejo General del Poder Judicial para la aplicación efectiva de la segunda condena de inhabilitación”.
En cualquier caso, como ha señalado a este diario el propio Fernando Presencia “es evidente que nos están intentando aniquilar a todos los jueces que denunciamos la corrupción, como lo demuestra el acoso implacable al que está siendo sometida por ejemplo la jueza del caso ‘Pokemon’ Pilar de Lara, que si nadie lo remedia seguramente la apartarán también de la carrera judicial. A ella como a mí nos acusaron de retrasos desde el mismo CGPJ después de habernos negado los refuerzos y cualquier tipo de ayuda personal o material”. “Siempre hacen lo mismo cuando se trata de quitarse de en medio a las juezas o jueces que les resultan incómodos. El caso de la jueza Ayala es otro ejemplo más. Y si retrocedemos en el tiempo empezamos a encontrar casos y más casos, como el de los jueces Elpidio Silva y Baltasar Garzón” ha terminado diciendo el presidente de ACODAP, quien ha recalcado que “curiosamente todos seguimos siendo jueces según el BOE, porque ninguno de nuestros ceses ha sido publicado en el diario oficial como, por otra parte, es preceptivo. La razón es que el Rey no ha querido firmar ninguno de nuestros ceses, o bien que nadie se ha atrevido a ponérselos delante para que los firmara, porque son evidentemente injustos e incluso ilegales. Si consultas el boletín te das cuenta de que el único cese que se ha publicado es el de Pascual Estevill, y eso porque le obligaron a renunciar a la carrera judicial. Todos los demás seguimos siendo jueces, le pese a quien le pese.”
